En una medida que contradice expresamente lo establecido por la ley aprobada por el Congreso, el presidente Mauricio Macri autorizó por decreto a los familiares de funcionarios a incorporarse al blanqueo de capitales, en caso de que puedan acreditar que los bienes o la tenencia de moneda son “anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado”.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial de este miércoles y ya generó la reacción de la oposición, que durante el debate en el Congreso habían pedido expresamente excluir a los funcionarios y a sus familiares de la posibilidad de acogerse al blanqueo. La misma postura había asumido la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.
“La decisión del gobierno de Cambiemos es inconstitucional porque un decreto simple no puede modificar el espíritu de una ley (art 99 de la Constitución Nacional) y constituye abuso de poder en los términos del art 248 del Código Penal. Y además es un decreto que debería llamarse ´Macri padre´, porque está hecho para beneficiar a Franco Macri y a todos los familiares que en total poseen 28 sociedades en paraísos fiscales”, dijo Diana Conti en conferencia de prensa del bloque del Frente para la Victoria.
En tanto, el presidente de la bancada, Héctor Recalde, anunció que el espacio está “evaluando iniciar acciones judiciales para invalidar el decreto” y Conti recordó que durante el debate por la ley en Diputados “se trabajó mancomunadamente con toda la oposición para excluir a los parientes” de ese beneficio.
En el artículo 83 de la ley 27.260 se había establecido de manera taxativa que “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” del personal del presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal, así como también de los organismos de inteligencia quedaban excluidos del beneficio.
Sin embargo, el articulado fue modificado por el decreto simple que lleva la firma del presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.