El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, serán investigados por la Justicia federal por la presunta comisión del delito de “abuso de autoridad”.
El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, serán investigados por la Justicia federal por la presunta comisión del delito de “abuso de autoridad”.
El fiscal Guillermo Marijuan impulsó este martes la causa por la decisión presidencial de modificar por decreto la ley 27.260, de blanqueo de capitales y pago a jubilados, para que los familiares de funcionarios no quedaran excluidos de la norma, como estableció el texto sancionado por el Congreso.
El 30 de noviembre, Macri autorizó a los familiares de funcionarios a incorporarse al blanqueo de capitales en caso de que pudieran acreditar que los bienes o la tenencia de moneda fueran “anteriores al momento en el que su familiar ingresara al Estado”.
Como informó oportunamente Letra P, la disposición generó la inmediata reacción de la oposición, que durante el debate en el Congreso habían pedido expresamente excluir a los funcionarios y a sus familiares de la posibilidad de acogerse al blanqueo. La misma postura había asumido la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.
Apenas un día después de la publicación de la medida en el Boletín Oficial, el Frente Renovador anunciaba que se presentaría ante la Justicia para impugnar el decreto. El diputado nacional Felipe Solá advertía que “un decreto sirve para reglamentar una ley, no para ampliar los alcances y mucho menos para violar el espíritu de un artículo”.
“Vamos a impugnar judicialmente y propondré una comisión bicameral que revise absolutamente el origen de la plata de todas las familias de los funcionarios”, anticipó el ex gobernador bonaerense el 1 de diciembre.
“La decisión del gobierno de Cambiemos es inconstitucional porque un decreto simple no puede modificar el espíritu de una ley (art 99 de la Constitución Nacional) y constituye abuso de poder en los términos del art 248 del Código Penal. Y además es un decreto que debería llamarse ´Macri padre´, porque está hecho para beneficiar a Franco Macri y a todos los familiares que en total poseen 28 sociedades en paraísos fiscales”, señalaba, por su parte, la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria.
A la lluvia de críticas se había sumado incluso el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, quien advertía que la disposición presidencial “no puede modificar sustancialmente la ley que viene a reglamentar”.