El proyecto elaborado por diputados de la oposición para reformar el mínimo no imponible, escalas y alícuotas del impuesto a las Ganancias sumó el rechazo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que advirtió sobre los “efectos distorsivos ” que la ley generaría “en la estructura tributaria integral”.
“Si bien (el proyecto) cuenta con cierta simpatía por parte de buena parte de los trabajadores asalariados formales, no ha tenido en cuenta los efectos distorsivos que provoca en la estructura tributaria integral”, sostuvo el órgano presidido por Humberto Bertazza.
En un duro comunicado, el Consejo sostuvo que los nuevos impuestos introducidos para compensar parte de la recaudación resignada “implican un paso atrás en materia de principios de técnica tributaria universalmente aceptados”.
En un detalle más fino, ejemplificó que “el impuesto a las Letras del Banco Central (LEBACs) debe ser visto como un desincentivo al ahorro, ya que debilita a estos instrumentos financieros que a su vez son sustituibles por otros títulos públicos exentos”.
“Lo mismo ocurre con los plazos fijos –apunta el comunicado-, donde el proyecto pretende gravar la renta nominal sin considerar su valor en términos reales, es decir, la depreciación que en ella produce la inflación”.
También fue criticado el impuesto al juego, ya que, “en el caso de la provincia de Buenos Aires, sobre el cual lo recaudado se distribuye un 35% para la provincia, un 30% se va en premios y un 35% queda para el bingo, concentra el gravamen en este último actor, que es el que debe afrontar los gastos administrativos y una carga tributaria que hace poner en duda la factibilidad de una actividad que es sostenida por –y a la vez sostiene- un número importante de puestos de trabajo”.
El Consejo explicó asimismo que el impuesto del 10% a los dividendos “es un sobrecargo que se suma a la tasa de 35% que se paga en cabeza de la corporación, que ya es elevada respecto de los promedios internacionales”, y agregó que “ambas tasas producen una tasa total de 41,5%, lo que agranda más esa brecha”.
A su vez, para el órgano porteño, “gravar los inmuebles improductivos produce un cambio en las reglas de juego para quienes han decidido blanquear parte de su patrimonio confiando en la estabilidad de las instituciones del país”.
Más allá de los nuevos impuestos, el comunicado sostiene que “no queda zanjada la asimetría entre los profesionales en relación de dependencia y los autónomos”, cuya solución se viene “reclamando desde hace tanto tiempo”.
Además, advierte que “también fueron considerados en forma insuficiente, en las deducciones, los gastos en educación”.
En cuanto al cómputo de deducciones, el Consejo opinó que “se introdujeron fórmulas de difícil discernimiento y aplicación, dificultando el cálculo de lo que cada empleado va a cobrar ante cambios nominales en su salario”.
Por último, alertó que “la eximición de las horas extras como parte de la base imponible del impuesto podría generar prácticas irregulares en la determinación de sus cuantías”.