En estos días estamos discutiendo en el Senado de la Nación un Proyecto de Ley que envió el Poder Ejecutivo, que contempla la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
¿De qué se trata esta discusión, que a simple vista parece más bien un debate técnico, pero que encierra múltiples implicancias en torno al sistema de Salud de todos los argentinos? Conviene adentrarnos en ella, a fin de clarificar un poco las cosas.
En primer lugar, hay consenso en los distintos bloques en que es muy importante la creación dentro del Estado de un organismo que realice una evaluación de las tecnologías sanitarias, en especial en un contexto de surgimiento continuo de alternativas innovadoras en el campo de la Salud. En este sentido, hay intenciones de seguir adelante con la creación de esta Agencia.
La discusión se plantea en torno a las características de la misma, dado que es necesario definir con cuidado las incumbencias y funciones del organismo, teniendo en cuenta que existen múltiples intereses creados en torno a la incorporación de nuevas tecnologías en el mercado local y su financiamiento, que en ocasiones no se asocia con más y mejor salud.
Así como fue enviado por el Poder Ejecutivo, el Proyecto deja muchas dudas y preocupaciones en lo que hace a la composición y el accionar de la futura Agencia. Por ello junto a uno grupo de senadores hemos elaborado una propuesta alternativa a la remitida al Poder Ejecutivo, que entendemos que garantiza el derecho a salud como bien social primario.
Nuestro dictamen en minoría se diferencia con el Proyecto del Ejecutivo en lo siguiente;
1. Incluimos el “objeto de la regulación” y, con ello, adoptamos la concepción de la salud como “bien social primario” de acceso universal en condiciones de equidad. El Proyecto del Ejecutivo guarda silencio al respecto. Dicha omisión, no es neutra en términos valorativos. Tampoco lo es en cuanto a los efectos prácticos. Plasmar el objeto de la regulación implica nada menos que dejar en claro el horizonte al que ha de apuntar la actividad de la Agencia, siendo además una toma de posición ideológica respecto a la concepción de la salud como bien social de acceso universal en condiciones de equidad.
2. Establecemos que la Agencia únicamente podrá “tercerizar” las evaluaciones de tecnologías en Universidades Públicas Estatales, vedando la posibilidad de que dichos estudios sean realizados por privados que tienen intereses propios, tal como propone el dictamen en mayoría.
3. No permitimos que el patrimonio de la Agencia se nutra de aportes de empresas productoras de tecnologías médicas e instituciones privadas, pues ello contraría las más elementales normas éticas. En este punto resulta inadmisible la redacción que presenta el artículo 9º del dictamen en mayoría, en tanto establece que el patrimonio de la agencia estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier título. Con esta redacción la Agencia podría ser financiada, entre otros, por las empresas productoras de tecnología.
4. Contemplamos un directorio de carácter técnico-profesional, que tendrá un doble tamiz para la designación y transparencia. Por el contrario, el diseño institucional del dictamen en mayoría (arts. 10 y 11) solo contempla la designación discrecional por parte del Poder Ejecutivo.
5. Establecemos que la Agencia debe contar con un equipo permanente de profesionales seleccionados por concurso de oposición y antecedentes, quienes realizarán las investigaciones y evaluaciones de las tecnologías sanitarias. Por el contrario, del dictamen en mayoría, se desprende que estas acciones serán delegadas a terceros en la mayoría de los casos.
Esperamos no tener que lamentar en algunos días que el acceso a la salud pública, a los medicamentos y otros productos y tecnologías sanitarias sean restringido y llevado a un estadio privatista y económico, emancipado de los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.