El gobierno de Mauricio Macri se muestra muy activo en materia de comunicación. Las medidas que regulan y administran el sistema de medios –las “políticas”- componen una de las áreas donde más rápidamente hizo notar la transformación que pretende. El análisis permite identificar una serie de contradicciones y una encrucijada clave en el porvenir.
Un objetivo general de Cambiemos parece ser desmontar la estructura heredada, articulada en leyes (de medios audiovisuales –LSCA- y de telecomunicaciones -Argentina Digital-), programas de política pública (Fútbol para Todos, Televisión Digital Abierta, Conectar Igualdad, Argentina Conectada) o en los medios públicos (TV pública y Radio Nacional).
Otro objetivo central es establecer condiciones “modernas” y “competitivas” para el sector info-comunicacional en el escenario de la convergencia. Ante los avances tecnológicos -que también son económicos- que operan en el mercado de medios tradicionales y telecomunicaciones, el Gobierno impulsa un nuevo marco legal que genere condiciones para un desarrollo competitivo. Mientras eso llega, regula el sistema con decretos y resoluciones.
El discurso de la convergencia es omnipresente en los funcionarios del área y muy relevante en el Presidente. En su idea, la convergencia resulta tan homogénea como indiscutible. Y –fundamentalmente- sin conflicto aparente. Encuentra correlato en medidas concretas y consecutivas que contradicen la promesa de una ley integral. “El plan es que haya convergencia y competencia”, le dijo a Clarín el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la semana pasada. “Es clave el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, para mejorar la productividad. La idea es que todos los sectores puedan invertir con certeza, competir y prestar servicios de calidad”.
Ahora bien, la incidencia que esto tiene en la vida cotidiana de “todos los argentinos” resulta desigual. Crece a la velocidad del mercado, mediante los teléfonos móviles pero también los televisores inteligentes o “smarts” y la expansión de las redes. Pero los nuevos consumos traen consigo nuevas formas de exclusión e incertidumbre sobre los modelos de negocio y la regulación de un mercado cada vez más global.
Las medidas para concretar los objetivos de Cambiemos (trasformación regulatoria y adaptación pro mercado al cambio tecnológico) no suceden en el vacío. Se insertan en un contexto general que es bastante más complejo de lo que se muestra. Y operan en un área muy marcada por las decisiones implementadas desde 2009 por Cristina Fernández de Kirchner.
Las decisiones del Gobierno en materia regulatoria se caracterizan por la centralidad, un ítem que es más continuidad que cambio. A su vez, los efectos que generan parecen comenzar a exponerlo a las dificultades del momento histórico y de los conflictos que el propio mercado presenta. Si gobernar es –entre otras cosas- administrar conflictos, empieza a quedar claro que no siempre se puede satisfacer a todos por igual.
A poco menos de un año de gestión, la política de comunicación se empecina en reformular la estructura heredada. Los cambios en los organismos públicos muestran la incidencia de los intereses políticos en su diseño. Y la flexibilización de los límites a la concentración expone su característica principal.
Se creó el Ministerio de Comunicaciones, que reemplazó a la AFSCA y a la AFTIC con el muy activo ENACOM. En los lugares de dirección se ubicaron figuras de la política antes que a expertos, otro rasgo de continuidad. El lugar para los especialistas quedó en espacios que no son de gestión, como la Comisión Redactora de la ley de la Convergencia, cuya diversidad también es materia de discusión.
La mayoría de los cambios al marco regulatorio traen consigo ventajas para el sector privado-comercial. Esto resulta menos significativo en algunas ramas (como el cine) del Espacio Audiovisual Ampliado por propias sinergias. Mientras que en otros (la TV abierta y de pago, por cable o satélite) el impacto es mayor.
La decisión de regular al cable (la forma de distribución de televisión más expandida de Argentina) dentro del mercado de telecomunicaciones generó trastornos desde ángulos diferentes. Los ciudadanos se ven afectados por la eliminación de las obligaciones de ordenamiento de grilla y producción local, que podrían contribuir con la diversidad. El frente externo se volvió crítico a las políticas y sus efectos y dio lugar a denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los propios actores dominantes del sistema (con el Grupo Clarín a la cabeza) demandan por protección ante el escenario que los ponga a competir con los gigantes de las telecomunicaciones.
Las novedades que genera una política definida como “de transición” por el propio Gobierno materializan nuevos ejemplos de concentración y dominio del capital extranjero. De consumarse la transferencia de Telefé (Telefónica) a Turner (cuyo objetivo incluiría la compra de los derechos del fútbol) se consolidaría un rasgo también heredado: la TV de aire en manos foráneas.
El foco de las medidas parece puesto en el tándem usuario-consumidor y los agentes del mercado. La interpelación al ciudadano y sus derechos se reduce a mecanismos de acceso y participación limitados, como la idea de “Suma Tu Aporte”: el proyecto de la Comisión Redactora que reduce a 300 caracteres (dos tuits) la posibilidad de intervenir en la discusión del nuevo marco legal.
La política de Cambiemos se sostiene en la tesis de que la convergencia y la inversión privada resolverán los problemas estructurales. Y que el rol fundamental del desarrollo es para los privados. Es definida como de “transición”, pero se materializa en medidas inconsultas que generan efectos muy significativos y no exentos de contradicciones.
Se convoca a la participación de la ciudadanía, pero en cuotas exiguas y con mediaciones tecnológicas. Se proclama el pluralismo y la diversidad, pero las condiciones actuales impiden a las organizaciones sin fines de lucro acceder a licencias -porque no se realizan concursos- o usufructuar las ya concursadas –como el caso de Barricada TV, que sufre interferencias de Canal 13-, mientras que una empresa privada puede comprar una licencia de radio o TV y comenzar a operar de inmediato. Se declaman cambios en el manejo de la publicidad oficial, pero se divulga una resolución que establece criterios comerciales supuestamente “objetivos” (rating o circulación, según el soporte) para decidir los destinos. Mientras tanto, el Congreso mantiene el debate por una ley .Y la lógica amigo-enemigo sigue siendo el argumento para decidir quién recibe pauta y quién no.
Mientras el discurso y el accionar se contradicen, no queda claro por qué se sancionan tantos decretos y resoluciones transitorias cuando se avanza hacia una ley integral. Tampoco, si el proyecto de convergencia que redundará en la lógica de “Todos para Todos” (que todos los prestadores ofrezcan todos los servicios posibles) llegará pronto o se demorará.
Según Aguad, “la convergencia tecnológica llegará a partir del año 2018, aunque puede haber un año más. La normativa prevé que todos puedan dar todos sus servicios”. La incertidumbre sobre el momento es muy relevante. En términos políticos y económicos, una ventana de dos o tres años resulta la dimensión desconocida en Argentina. El Gobierno ha quedado en medio de los intereses contrapuestos de las empresas de telecomunicaciones, los cableros y los productores de contenidos audiovisuales. Es una encrucijada de la que no le resultará sencillo salir.
@santiagomarino