La imputación contra el intendente de Villa Regina, Daniel Fioretti, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público genera un cortocircuito dentro del frente oficialista Juntos Somos Río Negro, en una de las localidades más importantes de la provincia. Desde que el fiscal municipal Juan Carlos Giménez denunció al jefe comunal por “graves irregularidades” de servicios en la Fiesta provincial de la Vendimia, la gestión perdió respaldo de los que lo acompañaron en la campaña.
La grieta en el frente albertista, por la irregularidad que golpea al mandatario que ganó la pasada elección local por tres votos (N de R: el comicio terminó en la Justicia), complica el trabajo oficial en un distrito clave.
En agosto, cuando Giménez encontró una notable contradicción de lo hecho con las normativas reginenses (067/94 y 121/11) o la Carta Orgánica Municipal (COM) en la contratación directa de la provisión del escenario y otros servicios como iluminación y vallado, una profunda división en JSRN alejó a los legisladores Oscar Díaz y Silvia Morales de Fioretti.
“Es, como decimos, una mancha venenosa: nadie se le quiere acercar. La ciudad está abandonada, no lo acompañan y no hay obras planificadas”, le comentó a Letra P el concejal Maximiliano Garré (FpV). El representante explicó lo que se vive en la ciudad que gobernó el peronismo hasta diciembre.
Desde el inicio, Fioretti no alcanzó una legitimidad total en Villa Regina. La exigua diferencia con el candidato del justicialismo, Carlos Vazzana, le dio la oportunidad de erigirse como “el niño mimado” de Alberto Weretilneck al lograr uno de los municipios a nombre del gobernador. Pero el paso del tiempo, más la poca sustentabilidad política, lo alejaron de algunos interlocutores provinciales. Los diputados Díaz (padre de la defensora del Pueblo rionegrina, Nadina Díaz) y Morales se distanciaron.
Según publicó La Comuna de Regina, el funcionario obró junto a otros (acusó de "partícipes necesarios" al ex- secretario de Economía y Finanzas, Pablo Zaccaria, al ex secretario de Gobierno y Coordinación y actual concejal, Cristian Daniel Aristan) "a sabiendas de la ilegalidad en que incurrían, violando las normas jurídicas impuestas en función de su deber, dictando y refrendando la disposición municipal de fecha 4 de marzo de 2016”.
MOROSO. Esta no es la primera noticia que opaca a Fioretti. Hasta el Grupo Clarín se hizo eco de cómo buscó evitar el pago de Ganancias con un duro artículo a finales de marzo, cuando el conflicto por la fiesta de la Vendimia comenzaba a tomar forma. El artículo describía el envío de un “memorándum” a la titular de Economía y Finanzas de la ciudad para que no se le descuente el impuesto.
Carlos Rodríguez (presidente del Tribunal de Cuentas) le explicó que el pedido era imposible porque no existía “ninguna normativa legal que exima al municipio y a ningún otro sujeto de efectuar las retenciones indicadas, por lo tanto el hecho de no realizarlas colocaría al municipio como infractor a la ley”.