Presiones políticas, una causa empantanada y un frente personal con complicaciones fueron suficientes para que la fiscal Viviana Fein se tomara licencia en el caso Nisman. El viernes fue un día demasiado largo en la Procuración porque allí no le encuentran la vuelta a una situación que de prolongarse será explosiva: tras la licencia la causa quedó en manos de Graciela Gils Carbó, sobrina de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Ningún fiscal quiere reemplazar a Fein.
Para colmo, nadie sabe cuando volverá. Uno de los últimos que habló con ella fue el asesor de Gils Carbó, Lisandro Pellegrini. La fiscal directamente le pidió que le de tiempo y que no la moleste. Pellegrini sabe de lo incómodo que será que trascienda que un caso de extrema sensibilidad para el Gobierno recayera en la fiscalía la sobrina de su jefa. Nadie podría negarle que no lo intento: su primer maniobra fue pedirle a la fiscal Paula Asaro que asumiera la fiscalía de Fein. Pero Asaro ya se negó porque tiene una relación de estrecha amistad con la esposa de Máximo Rusconi, abogado del hacker Diego Lagomarsino.
Fein vio a lo lejos que durante toda la semana que pasó aparecieron nuevos abogados en diversos canales cuestionando la investigación. Se presentan bajo el rotulo de abogados de las hijas de Nisman. En realidad, son todos integrantes del estudio Romero Victorica, influyente en los tribunales de San Isidro, donde está el despacho de Sandra Arroyo Salgado.
En este momento la posibilidad más evidente sería que, para que la sobrina de la procuradora no quede al frente de la instrucción, la investigación sea asumida por la jueza Fabiana Palmaghini. Es la última solución que querría el Gobierno que vincula a Palmaghini con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y con el auditor Javier Fernández. Igual Palmaghini tampoco quiere agarrar la manija de un caso que está empantanado, sin un rumbo claro a ochos meses de la muerte del fiscal Nisman.
