Política

Duro revés para el “comisario” De la Torre y su fábrica de policías

La Cámara Baja provincial aprobó un proyecto contra la policía municipal de San Miguel que implementó el intendente. Fundamentan que incurre en un “ejercicio antidemocrático e ilegal”.

Desde tuvo el ok de parte del concejo deliberante para poner en funciones la policía municipal de San Miguel, el intendente Joaquín De la Torre, quedó en el centro de las miradas y las críticas por su accionar, creando una fuerza de seguridad por fuera de la competencia provincial que requiere darle vida a una nueva policía, como ocurrió en este caso.

 

Lo cierto es que una de las figuras que llevaba adelante la cruzada contra la nueva policía de San Miguel era la diputada provincial, Lucía Portos.

 

La legisladora del FpV e integrante de La Cámpora, había expresado que lo hecho por el intendente massista tenía que ver más con contar con su propio brazo armado de choque que con la real ocupación del combate contra la inseguridad.

 

“La gestión del intendente del Municipio de San Miguel Joaquín de La Torre vuelve a demostrar su rechazo a las instituciones democráticas y ciudadanas de la PBA. En forma ilegal y abusando de su poder pretende crear una policía de proximidad por fuera del marco, pues la creación de las fuerzas es de exclusiva competencia del gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, había expresado la legisladora.

 

En la sesión de este miércoles logró la aprobación de un proyecto de declaración, manifestando la preocupación que implica darle vida a la creación de De la Torre.

 

En la fundamentación de la iniciativa aprobada hoy y acompañada por todo el bloque del Frente para la Victoria se aclara que es la ley provincial 12.154 la establece que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ejercicio de esa facultad es que el Poder Ejecutivo resolvió en 2014 crear como Unidad Policial, las Unidades de Policía de Prevención Local, según consta en la Resolución 835/2014.

 

“Nosotros militamos y abogamos por el respeto y el ejercicio pleno de la autonomía municipal, pero es necesario hacer notar que una intencionada malinterpretación de la Constitución de la Nación puede generar mucho daño a la comunidad, sobre todo con un tema sensible como es la seguridad pública”, manifestaron los diputados a través de la declaración impulsada por Lucía Portos. 

 

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