Los juzgamientos a los represores en todo el país, pusieron en boca la frase “juicio y castigo” ante los crímenes de lesa humanidad con 561 genocidas condenados, 955 procesados y 116 casos resueltos de identidades restituidas, entre los que se hizo eco el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Ignacio Guido Montoya Carlotto.
La vinculación tanto con Abuelas como con Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, forjó además el respaldo de gran parte de la sociedad ante la campaña del proyecto nacional por recuperar el pasado y pintar de color el presente y el futuro.
Asimismo, los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires y de La Perla en Córdoba, centros clandestinos de detención, torturas y exterminio, fueran reutilizados como lugares de memoria y promoción de los derechos humanos, junto a otros 34 Espacios.
Los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner profundizaron lo que se comenzó en 2003, con leyes que acompañaron ese proceso como la que derogó el Código de Justicia Militar y reformó los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación.
También, se aprobó el “Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas” y creó el “Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas” para que los miembros de las FFAA se sometan a la Justicia Ordinaria Federal ante cualquier delito que comentan.
Uno de los mayores cambios se dio con la desaparición del sistema jurídico argentino del último resabio de la pena de muerte contemplada en el ordenamiento derogado ante faltas graves, como la “traición a la patria”, al igual que la supresión del castigo por homosexualidad del Código Disciplinario, que sanciona como faltas graves la discriminación y el acoso sexual.
Por último, se creó la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se creó un fondo de recompensas para quienes brinden información para la detención de personas buscadas por la Justicia en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad, al igual que a quienes aporten datos relevantes para localizar a jóvenes apropiados durante la última dictadura militar.
La creación de la Comisión Nacional sobre la desaparición forzada de Personas-CONADEP y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad-CONADI, el apoyo a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas del Equipo Argentino de Antropología Forense- EAAF, entre otras, también forman parte de los últimos doce años encabezados por el kirchnerismo.
Sin embargo, la conquista de derechos reflejada en las luchas colectivas más allá de un gobierno específico, todavía tiene sus puntos débiles e inconclusos.
Continuidad de los años tristes
La desaparición de personas en plena democracia se extiende como una de las formas más aterradoras de los resabios dictatoriales, con el emblemático caso de Jorge Julio López –víctima del proceso, cuyas declaraciones condenaron a Miguel Etchecolatz a prisión perpetua, y desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006 después de brindar testimonio hasta el día de hoy– como principal enigma contradictorio de la gestión actual.
Luciano Arruga, es el nombre que simboliza el poder que ejercen las fuerzas al ser víctima de la represión y el hostigamiento policial, luego de permanecer desaparecido desde el 31 de enero de 2009 hasta el 17 de octubre de 2014, cuando finalmente su cuerpo fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
Otra desaparición forzada en manos de la policía, esta vez la de Chubut, fue la de Iván Eladio Torres el 3 de octubre de 2003, luego de haber estado detenido en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia. La causa llegará este año a juicio oral y público
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), contabilizó en 2012 un total de 195 personas desaparecidas desde 1983. “Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos. El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos”, explicaron.
También, la represión por causas políticas, manifestaciones sociales y populares, el gatillo fácil y la corrupción, son representaciones de los últimos años con casos resonantes como el de Carlos Fuentealba, profesor en huelga ejecutado en 2007 de un escopetazo por el policía José Darío Poblete, o Mariano Ferreyra, manifestante caído en 2010 a balazos por una patota del sindicato Unión Ferroviaria.
Por otra parte, las cifras publicadas a través del informe “Desaparición en democracia. Informe acerca de la búsqueda de personas entre 1990 y 2013” (Acciones Coordinadas Contra la Trata –ACCT- en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), indicaron que hay 6040 desaparecidos entre 1990 y 2013, de los cuales 3231 son mujeres y 2801 hombres, con 8 de los que no se incluye el género.
Así, las mujeres desaparecidas en democracia, vinculadas a las redes de trata de personas, como Ramona Nicolaza “Peli” Mercado, Fernanda Aguirre, María Cash, Florencia Pennacchi, Sofía Herrera, Marita Verón, Andrea López, Natalia Acosta, Érica Soriano, Yamila Cuello, Natalia Ciccioli, entre muchas otras,son interrogantes sociales que acentúan la inactividad del poder frente a las formas más terroríficas de deshumanización.
La bandera de los derechos humanos, y hasta dónde forman parte de la lucha de un gobierno, se torna contradictoria cuando persigue fines lucrativos y salen a la luz hechos como los anteriores. La defensa acérrima de la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, llevó a varios a separarse de esa lógica implementada por el oficialismo que la tiene como escolta cuestionada por el respaldo en reiteradas oportunidades al jefe del Ejército, César Milani, acusado por supuestos vínculos con delitos de lesa humanidad en la desaparición del conscripto riojano Alberto Agapito Ledo. La posición de los organismos de DDHH de mantenerse sin intervenir políticamente, criticar y defender los derechos de todos, es una instancia que pesa bajo el mandato actual.
Con aprobar no alcanza
Las conquistas sociales también se acentuaron dentro de los últimos doce años, con leyes que ampliaron derechos como la de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género. Logros que, si bien aprobados por un gobierno, se reconocen –o deberían– como parte de la lucha colectiva y el apoyo de bancas y sectores diversos sin distinguir colores.
Lo mismo con planes que ayudan a la estabilización laboral, al crecimiento personal y a la expansión tecnológica, por nombrar algunos.
Los intentos por redondear números, aumentar cifras y relucir proezas propias, muchas veces superan las estrategias bien pensadas pero aplicadas a medias o, directamente, mal aplicadas. Expandir derechos debería significar también educar para que ellos puedan ser alcanzados en pos de la tolerancia de un pueblo que forja por la igualdad.
Con asuntos todavía en el tintero, como el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, las consignas de crecimiento alcanzadas en todos los aspectos civiles requieren un compromiso y el ejercicio pleno de todos y todas con su correspondiente guía gubernamental.