Todo lo que suma a nivel turismo una de las ciudades de la Costa Atlántica más elegidas para vacacionar, lo resta en gestión municipal con cada uno de los intendentes en los últimos cinco años puestos bajo la lupa del Concejo Deliberante local.
Ante un nuevo caso de indagatoria al actual mandatario, Pedro Elizalde, interpelado por el manejo de la publicidad en la vía pública durante la última temporada, los interrogantes vuelven a abrirse en materia intendencia.
El próximo 24 de febrero, el jefe comunal deberá responder a la denuncia de concejales por la recaudación que generó la publicidad en la vía pública, donde se registraron ciertas irregularidades.
El edil de ProPin, Maximiliano Santini, explicó que “se retiraron un montón de carteles y la recaudación sigue siendo la misma”, por lo que solicitaron que se brinde un informe detallado para determinar si en cada caso hubo o no irregularidades.
“Obviamente lo que se busca es que el Ejecutivo pueda recaudar lo que está necesitando el partido y también de lo que se utilizó de publicidad en Pinamar. Porque hubo una gran bajada de distintas marcas a través de carteles chicos, grandes, pantallas de LED, distintos stands, banderas. Hubo una movida importante y la Municipalidad no vio ese beneficio”, agregó en diálogo con El Mensajero.
Del otro lado, Elizalde corrió a dos funcionarios de su Gabinete a pedido de trabajadores del distrito. Carlos Mansilla, secretario de Seguridad, y Sebastián Otegui, secretario de Gobierno, primero fueron respaldados públicamente por el intendente pero después se anunció su salida ante las denuncias de “amenazas, coacción al derecho a huelga y hostigamiento” a municipales.
El jefe comunal negó los cargos y bancó en una entrevista concedida al canal local Telpin a sus empleados, pero luego los señaló como parte de las coimas en relación a la denuncia del Concejo Deliberante con respecto a la publicidad en la vía pública. Ahora, las acusaciones son cruzadas y se arrojan la culpa mutuamente por quedarse con el vuelto que falta en la recaudación municipal.
Las denuncias a intendentes no son materia nueva en la ciudad donde las playas forman parte del paisaje. Elizalde, antes parte del Movimiento Unidos por Pinamar (MUPP) cercano al Frente para la Victoria (FpV), asumió cuando era concejal ante la renuncia de Hernán Muriale en agosto de 2014 por irregularidades en su gestión.
A su vez, Muriale tomó el lugar del líder del MUPP, Blas Altieri, destituido por el Deliberante local al ser acusado de cometer más de treinta irregularidades como haber dado a dos hijas suyas viviendas destinadas a planes sociales, pagos irregulares a la empresa de recolección de residuos Covelia, y la compra de un auto de alta gama mediante un “decreto de excepción”.
Pero la historia de las intendencias inconclusas lleva un poco más en el revisionismo. Es que Altieri tiene una larga trayectoria en Pinamar: gobernó por cuatro períodos consecutivos, de 1991 a 2007. Luego perdió ante Roberto Porreti, pero el kirchnerista fue destituido en el verano de 2008 al ser denunciado por propietarios de una discoteca por un supuesto cobro de coimas. La Municipalidad quedó en manos de Rafael De Vito, sucesor en la lista de concejales de aquel entonces.
En marzo de 2010 se llamó a elecciones adelantadas y, con el expreso apoyo de Daniel Scioli, Altieri logró imponerse y acceder una vez más a la jefatura comunal. En 2011 volvió a postularse y logró la reelección para luego ser destituido en 2012.
Con un 2015 recargado en materia política, las nuevas denuncias al actual intendente, quien apuntó a una maniobra para adelantar la campaña de otros candidatos, reabren el juego de todos los espacios que competirán en octubre.
Con un Concejo Deliberante visto por los pinamarenses como “destitutivo”, los precandidatos Martín Yeza (PRO, quien espera el armado nacional), Juan Ocampo (FpV), Maximiliano Santini (ProPin), Lucas Ventoso (UCR), y posiblemente Rafael De Vito (FR) y el propio Elizalde si sale ileso (que se desligó del vecinalismo por completo para pararse desde el FpV), el municipio bonaerense sigue sin encontrar el rumbo de un conductor sobre el que no recaigan denuncias y pueda terminar un mandato.