En los pasillos del palacio de Balcarce 50 algunos explican el fenómeno con el ya célebre conflicto entre halcones y palomas. Según dicen, el Presidente estaría escuchando mucho más a los primeros que a las últimas. “Hay dos sectores en tensión. Un ala jurídica que no mide costos políticos, y otra formada por dirigentes más ligados a la política, que recibe los reproches por los decretazos”, dice un funcionario PRO.
El “ala jurídica” está comandada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un abogado, ex compañero de Macri en el colegio Cardenal Newman, autor intelectual del decreto mediante el cual el Presidente designó “en comisión” a los nuevos jueces de la Corte Suprema. La medida fue rechazada por gran parte del arco político, constitucionalistas y hasta dirigentes del espacio Cambiemos. El Presidente escucha con atención los consejos de Rodríguez Simón, también avalado por el influyente jefe de Gabinete, Marcos Peña.
“Es un tipo peligroso porque es muy lanzado; no evalúa las consecuencias políticas de las decisiones. Un asesor legal tiene que tener la condición política también”, dice un hombre del PRO con despacho en el Congreso. Los consejos de “Pepín” también hacen ruido dentro de la línea histórica del partido denominada Compromiso para el Cambio. Entre los amigos de Macri del Newman, el flamante secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, planteó reparos por la avalancha de decretos. No importó su opinión: el aval de Peña alcanzó para que la asesoría de Rodríguez Simón resistiera cualquier turbulencia.
En el ala más política se ubican el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, receptores en el Congreso de los reproches de las demás fuerzas políticas. Pese a que en público respaldan las decisiones de Macri, en privado le hacen saber sus diferencias al Presidente. Ninguno fue advertido previamente de la jugada que el jefe de Estado haría respecto de la Corte Suprema, aunque tuvieron que salir a defenderla. Según dice un dirigente del macrismo, el decretazo de los jueces y la decisión de gobernar por DNU “va a generar problemas en la construcción de consensos en el Congreso”, que recaerán sobre el ala política del Gobierno.
El atropello institucional de Macri ya le valió el rechazo de varios líderes de la oposición que habían amagado con apoyarlo, al menos en el primer tiempo de gobierno. Margarita Stolbizer fue la primera en oponerse con fuerza al nombramiento de los nuevos jueces de la Corte Suprema por decreto. A ese rechazo se sumó también Sergio Massa.
En el Frente para la Victoria, la decisión generó un efecto indeseado: el bloque de Diputados, que amenazaba con partirse, se abroqueló frente a la medida para rechazar el nombramiento en comisión de los jueces. Algo parecido había sucedido cuando el PRO presentó una medida cautelar para que la Justicia dijera a qué hora finalizaba el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El bloque decidió no participar de la asunción de Macri en el Congreso. Con algunas escasas excepciones, la resolución se cumplió a rajatabla.
Por otra parte, el macrismo considera que esta forma de gobernar – que, afirman, persistirá durante todo el verano- funciona como gesto para exhibir autoridad ante el escenario de un nuevo Gobierno que, además, no posee mayoría propia en el Poder Legislativo, como sí contaba el kirchnerismo.
En este punto reside una de las explicaciones que se dan en Balcarce 50: al no contar con un bloque capaz de asegurar las medidas que Macri considera “claves”, mejor avanzar con los decretos. Quienes suscriben esta idea advierten que, como no hay actividad legislativa, se justifica la decisión del Gobierno nacional. Es un argumento extraño porque, si el Ejecutivo lo desea, puede convocar a sesiones extraordinarias. “No se puede esperar hasta marzo, estamos en un momento en que no hay actividad legislativa”, indicaron desde el PRO.
Con este escenario, la llegada de los proyectos del Ejecutivo al Congreso no será pacífica, toda vez que, antes de que comience el año legislativo, el Presidente se encargó de ignorar a las cámaras. Pero, más allá de los gestos políticos, el macrismo ve en los números del Congreso un escollo para sus objetivos. En la Cámara de Diputados el Frente para la Victoria sigue siendo primera minoría, con 97 diputados, mientras que el PRO tiene un bloque de 42 legisladores, a los que suman los 38 del radicalismo. En total llegan a 80, a los que podrían agregarse, según el caso, los cuatro diputados de la Coalición Cívica. En línea con la oposición del kirchnerismo se cree que podrían actuar, además, los diputados del Frente de Izquierda – que suman cuatro- y los ocho legisladores del interbloque Progresistas.
Al margen de los números, el bloque del PRO en Diputados enfrenta problemas de composición. El triunfo de Macri provocó una fuga del cuerpo de los cuadros políticos con más experiencia legislativa. Patricia Bullrich se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, Jorge Triaca pasó a la cartera de Trabajo, Federico Pinedo asumió como senador tras la renuncia a su banca de Diego Santilli y Laura Alonso irá a la Oficina Anticorrupción.
De la vieja guardia del PRO, el único con experiencia que quedó en el bloque es el diputado Pablo Tonelli, sobre quien se suponía iba a recaer la jefatura de la bancada. A Tonelli se suman, con más kilómetros políticos recorridos, Álvaro González y Eduardo Amadeo. Sin embargo, la conducción del bloque recayó en Nicolás Massot, un joven de 31 años recién llegado a Diputados, pero que contó con la bendición del presidente de la Cámara, Monzó.
Con poca densidad política, el bloque Cambiemos deberá recostarse, en principio, en los diputados con mayor trayectoria en la Cámara: los radicales. Para eso será fundamental la conducción de Mario Negri, el jefe de la bancada de la UCR.
Cambiemos sabe que la desventaja ante el Frente para la Victoria no es sólo numérica. A los miembros del numeroso bloque kirchnerista, entre los que quedaron los históricos Héctor Recalde, Diana Conti, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio, Edgardo Depetri y Teresa García, conocedores de todas las mañanas parlamentarias, se sumaron hombres de peso como los ex gobernadores José Luis Gioja y Luis Beder Herrera, el ex ministro Julio de Vido y el ex titular de la Anses Diego Bossio. En tanto, La Cámpora tiene ahora en la Cámara baja a sus principales cuadros: Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Axel Kicillof, Andrés Larroque, Juan Cabandié y Mayra Mendoza.
En el Senado los problemas se multiplican. De los 72 senadores que integran la Cámara alta, 39 pertenecen al Frente para la Victoria. Sumando aliados, el kirchnerismo llega a tener quórum propio, algo que obliga al oficialismo a negociar cada paso que pretenda dar. Y, si bien en el peronismo aseguran que “están dispuestos” a dialogar, el oficialismo sabe que el número será un obstáculo difícil de sortear.
Otro punto complejo para analizar la decisión del Presidente es que sus últimas medidas no concuerdan con la idea de República que se planteó durante la campaña y que abonó Elisa Carrió. “Nos piden que seamos republicanos, pero que hagamos cosas para resolver los problemas de la gestión anterior. No podemos conformar a todos”, justificó un operador amarillo.
De todas formas, en el macrismo aceptan que, por ejemplo, la decisión de nombrar dos jueces para la Corte Suprema de Justicia por la vía de un decreto oficial no fue acertada y que Macri aceptó estirar el tiempo de asunción de los magistrados, a pedido de los ministros del máximo tribunal. “A la gente no le encanta que saquen decretos, pero cuando tuvimos que retroceder lo hicimos”, evaluó un funcionario nacional.
Con las primeras medidas, el macrismo logró algo impensado durante la campaña: que el kirchnerismo pueda decirse más apegado a las leyes y a las instituciones que el nuevo oficialismo.
