La causa por el pago de coimas para favorecer a la empresa francesa se había reabierto el año pasado por decisión de la Corte. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de nulidad y allanó el camino para el juicio oral y público. Están imputados, entre otros, Carlos Menem y el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath.
Cuentas millonarias en el extranjero, empresarios enigmáticos y ex funcionarios dispuestos a todo son sólo algunos de los elementos que hicieron del affaire Thales Spectrum TSA uno de los casos de corrupción más emblemáticos del menemismo y cuyo expediente vuelve circular por los tribunales federales de Comodoro Py.
La investigación tiene dos partes: primero la referida a las presuntas irregularidades en el proceso de licitación por el cual se entregó a la empresa francesa el control del espacio radioeléctrico argentino y la segunda si esto se vio favorecido por el pago de una coima de 25 millones de dólares.
Esta semana el fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky y Ana Figueroa de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal allanó el camino para el juicio oral y público de los procesados por esta causa donde se investigan irregularidades en la concesión del espacio radioeléctrico nacional.
La sentencia firmada por Borinsky y Figueroa no hizo lugar a los planteos de nulidades del requerimiento de elevación a juicio realizados por uno de los imputados, Juan Carlos Cassagne. Los abogados de Cassagne, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra y Federico Wagner, habían presentado un recurso luego de que la sala II de la Cámara Federal del Crimen confirmara los procesamientos.
En dos páginas los jueces sostuvieron que el recurso de queja de la defensa de Cassagne estaba dirigido a una resolución que “no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones”.
Además de Cassagne también están imputados Carlos Saúl Menem; el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath; el subsecretario, Alejandro Cima; el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán; los ex vices Roberto Uanini y Hugo Zothner; el ex interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Alberto Gabrielli; Patricio Feune de Colombi, Matías Bourdieu y Luís Romero, ex miembros de ese órgano; Pablo Arancedo, ex director de Asuntos Jurídicos de la CNC; y el enigmático empresario Jorge Justo Neuss, que en los 90 era titular local de Thales e integraba el circulo íntimo que jugaba golf con el ex presidente Menem.
La relación Menem-Neuss era tan estrecha, que incluso el ex presidente riojano le había prometido el Ministerio de Defensa si ganaba en 2003. Pero el sillón de la Casa Rosada finalmente lo ocupó Néstor Kirchner. Sin embargo, Neuss continuó forjando un gran vínculo de negocios con el empresario mendocino José Luís Manzano a pesar del desprecio que siempre le tuvo Daniel Vila, el socio del ex ministro menemista.
Esta historia se inició en 1998 cuando el ex presidente Menem firmó un decreto a partir del cual otorgó –sin licitación previa- el control del espacio radioeléctrico argentino al grupo francés Thales líder en tecnología.
Los contratos con Thales Spectrum se rescindieron en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue una de las primeras decisiones de su gobierno y se tomó después de que se conociera un categórico informe de la AGN, que hacía referencia a un millonario perjuicio hacia el Estado Nacional. Los funcionarios y empresarios fueron imputados por una defraudación al Estado Nacional superior a los 300 millones de pesos. Defraudaciones que le habrían dado a esa empresa francesa una rentabilidad neta superior al 150%.
Parte de esta trama se reveló gracias al trabajo periodístico de la revista francesa Le Point que en octubre de 2003 alertó sobre los sobornos de Thales en Argentina, y del diario Le Monde que en septiembre de 2005 facilitó la entrevista en la que Michel Josserand, ex dirigente de Thales Engineering & Consulting (THEC), reveló parte de la operatoria corrupta de la compañía para el pago de sobornos y comisiones.
La causa llegó a la Justicia después de recibirse un anónimo. En 2001, el fiscal Guillermo Marijuán impulsó la investigación. En febrero de 2008 el juez federal Sergio Torres procesó por “fraude a la administración pública” a todos los imputados.
En 2011 los jueces subrogantes Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo de la Cámara Federal de Casación Penal habían sobreseído mediante un polémico fallo dividido (el juez Gustavo Hornos fue el único que en aquella ocasión se pronunció en disidencia) a todos los imputados argumentando que no estaba acreditada la configuración de la maniobra defraudatoria contra la administración pública.
Pero en abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia reabrió el expediente y con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda revocó los sobreseimientos después de presentaciones realizadas por la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por Ricardo Weschler, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Ahora, con la sentencia firmada en estos días por los jueces de la sala IV de la Casación Penal quedó allanado el camino para el juicio oral y público.