La firma Telemetrix, concesionaria del predio de Costa Salguero, presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad un pedido de juicio político al juez Roberto Gallardo, por “extralimitación de la función judicial”, en la causa por el uso del predio de Costanera Norte. La denuncia ingresó el viernes 5, a última hora. La empresa ya había denunciado penalmente al magistrado pero la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal lo sobreseyó.
La denuncia presentada por la empresa hace eje en la resolución dictada por el juez en septiembre del año 2013, cuando dispuso una serie de medidas destinadas a hacer cumplir una medida dictada anteriormente, respecto de la construcción de un camino costero, que garantizara el libre acceso y circulación a la zona ribereña. Según la empresa, Gallardo se habría extralimitado en sus funciones, arrogándose funciones propias del legislador, y su actuación evidencia “una arbitrariedad manifiesta”. Además, denuncia una persecución manifiesta del juez a la empresa.
El conflicto con la empresa Telemetrix se inició en el año 2009, cuando los ex legisladores Facundo di Filippo y Rocío Sanchez Andía, presentaron un amparo para pedir la protección como espacio público y el libre acceso a la zona costera en el área que ocupa Costa Salguero. En 2011, Gallardo dictó una medida cautelar en la que ordenó al Gobierno de la Ciudad y Telemetrix, concesionaria del predio, realizar obras de remoción del vallado que rodea al predio y construir un camino de libre acceso de quince metros con salida a la calle por ambos lados, en el plazo de 60 días.
La empresa apeló la resolución, pero la medida fue confirmada por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo, en febrero de 2012. Según sus representantes, desde entonces, Telemetrix y el Gobierno porteño “sostuvieron una serie de reuniones” a fin de cumplir con el mandato judicial. Pero en septiembre de 2013 el juez ordenó una inspección ocular a fines de verificar el cumplimiento de la medida cautelar y concluyó que se encontraba “lejos de ser cumplida”. Fue entonces cuando dictó la resolución que dio lugar al pedido de juicio político por parte de la empresa.
A fines de hacer cumplir la medida dictada por él mismo en 2011, Gallardo resolvió “encomendar la proyección y ejecución de la obra de remodelación del camino de sirga a la Universidad de Buenos Aires”, disponer la apertura de una cuenta en el Banco Ciudad donde se depositarán los fondos destinados a la obra, ordenar a los subconcesionarios de Telemetrix el depósito de los cánones mensuales, bajo apercibimiento de clausura en caso de incumplimiento. También ordenó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Dirección Nacional Electoral que la publicidad electoral en la que se promoviera la candidatura a senador de Diego Santilli – hasta entonces, ministro de Espacio Público y responsable del área gubernamental que debía avanzar en la construcción del camino – fuera antecedida por un comunicado que informara que Santilli incumplía “las medidas judiciales ordenadas”. Por esta decisión, fue denunciado por abuso de autoridad. La Cámara Nacional en lo Criminal lo sobreseyó en la causa penal, y ahora la empresa pidió su remoción ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Entre las objeciones a la disposición de Gallardo, Telemetrix mencionó que la tarea de encomendar la construcción de una obra requiere el llamado a licitación pública, además de que “no existe manera legal alguna que le permita a Gallardo apropiarse de dineros ajenas”, en referencia a los cánones que abonan los subconcesionarios.
En 2011, el Consejo desestimó un pedido de remoción del magistrado, que había presentado la firma Coca Cola, tras la polémica por la pantalla de led instalada en la avenida 9 de Julio.
