Hace unos días el director ejecutivo de ARBA, Iván Budassi, confirmó la cancelación del convenio por el cual se cedía a los municipios la administración y cobro del impuesto a las embarcaciones tras esgrimir irregularidades y falta de compromiso. Desde los municipios negaron las referidas irregularidades y las inscribieron en una ofensiva política.
Hoy se sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento de Budassi con los intendentes massistas. El gerente de Vínculos Interinstitucionales de ARBA, Ariel Notta, , descartó que la medida “sea arbitraria” tal como lo manifestaron el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y funcionarios de la municipalidad de Tigre.
El acuerdo, rubricado en 2005, establecía que los municipios tenían la obligación de inscribir y controlar las barcas amarradas en aguas de su jurisdicción.
“La realidad indica que el acuerdo concretado durante el gobierno de Felipe Solá fracasó por impericia de las administraciones municipales, si no miremos la gran cantidad de yates y barcos que amarrados a pocas cuadras de esos municipios no paga impuestos”, aseguró el funcionario del gobierno de Daniel Scioli.
“Que administren mejor”
Notta afirmó que la decisión de rescindir el convenio con los municipios de la zona norte de la Región Metropolitana, “tiene como único objetivo la optimización en la administración del impuesto a las embarcaciones”.
Recordó que el operativo de fiscalización encabezado por el titular de Arba, Iván Budassi, detectó que el 80% de las embarcaciones de Tigre, San Fernando y San Isidro no figuran en los registros de la Agencia. Además, el organismo provincial intimó a 29.818 propietarios de yates y lanchas para que tributen por sus embarcaciones tal como lo prevé la legislación vigente – de ese total, 14 mil yates no declarados están amarrados en la localidad de San Fernando-.
A modo de ejemplo, Notta afirmó que “la ineficiencia en la administración del impuesto es tan absurda que no sólo había lanchas sin declarar, sino que también develamos la existencia de 43 guarderías náuticas que funcionaban sin ningún tipo de control en las propias narices de los funcionarios de Tigre y San Fernando”.
Destacó que “incluso en las guarderías náuticas que administra el municipio de San Fernando es alta la evasión, ya que hasta en el Parque Náutico San Fernando S.A. –el municipio tiene 51% de las acciones de este consorcio- descubrimos en amarre 361 embarcaciones fantasmas que no pagaban impuestos”.