El ejecutivo provincial informó que dará marcha atrás con la ley de la diputada Alicia Sánchez. La iniciativa que el pasado 10 de septiembre el Senado le dio sanción definitiva prevé que para los jardines comunitarios que tengan educadores sin título docente en las salas de 4 y 5 años, la Dirección General de Cultura y Educación “promueva las medidas conducentes para que obtengan titulación correspondiente”, para lo cual valorará especialmente “la experiencia, validación y capacitación”.
Sin embargo el Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Néstor Ribet, anunció que el gobierno de Daniel Scioli vetará la Ley de Incorporación de la Modalidad de Educación Comunitaria al Sistema de Educación Formal la Dirección de Escuelas. “El gobierno provincial no van a ceder en este punto. Si hay que vetar la ley, se vetará. La normativa es muy clara respecto de quien puede y no puede estar a cargo de los alumnos” dijo el funcionario.
El proyecto fue celebrado por los legisladores, durante su sanción definitiva en el senado fue el legislador, Gustavo Oliva quién dijo -además es titular de la comisión de Educación en la Cámara Alta- que “las maestras comunitarias son aquellas personas que han recuperado la voz y abrieron el corazón para los niños de la provincia de Buenos Aires”. Mientras que la autora de del proyecto sostenía que “hoy tenemos un gobierno nacional y popular que va reconociendo todos los derechos de los trabajadores y los niños”.
Otros casos
Cuando estalló el conflicto docente que dejó 17 días sin clases, el Ejecutivo instó a la Legislatura en avanzar con la creación de un tribunal imparcial para resolver problemas laborales con empleados de la administración pública. El requerimiento del Ejecutivo forma parte de una de las reformas constitucionales del año 1994. El inciso 4 del artículo 39 de la constitución sostiene que “la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la sustanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”. El proyecto tuvo media sanción en abril de este año y aún aguarda convertirse en Ley. El proyecto está en Diputados aún con el freno de los gremios.
En noviembre del 2012, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto para crear la Policía Judicial. Un organismo que también debe funcionar con rango constitucional. La Policía Judicial llegaba para correr a La Bonaerense de la investigación de delitos complejos. La fuerza que hoy conduce Alejandro Granados venía manchada de dudosos accionares en la investigación de distintos casos. El más resonante había sido el secuestro seguido de muerte de la niña Candela Sol Rodríguez. Si bien fue reglamentada por el Ejecutivo el Cuerpo de Investigaciones Judiciales nunca vio la luz. El proyecto aprobado hablaba de una prueba piloto en Mar del Plata. El ultrasciolista diputado bonaerense Guido Lorenzino decía cuando se aprobó la ley que el nuevo cuerpo de investigación “cambia el paradigma de investigación en la provincia”. Recién hoy se conoció que la sede central de la Policía en La Plata, estará en Camino Centenario entre 516 y 517,
El proyecto original había sido presentado por el Ejecutivo, modificado y discutido en el Senado con foros impulsados por el vicegobernador Gabriel Mariotto. Luego de la media sanción, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados y en noviembre del 2012 se convirtió en Ley. También establecía que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo la administración general del Cuerpo de Investigadores Judiciales y que sería financiada con parte del presupuesto destinado al Poder Judicial.
El senado también propuso y llevó adelante la Comisión Candela. El cuerpo que seguiría la investigación judicial elaboró durante el 2012 un duro informe final en el que se pedía la exoneración de la cúpula policial. Denunciaron convivencia entre efectivos de la fuerza y el narcotráfico y pidieron la cabeza –entre otros- de Hugo Matzkin: actualmente Matzkin es el Jefe de la fuerza. Una copia de aquel informe se giró a la Procuración, a la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata y al Ejecutivo bonaerense. Todavía nadie respondió.
La falta de respuesta del Ejecutivo fue la excusa para que el Frente Renovador la semana pasada caliente la sesión en el Senado con un proyecto de declaración pidiendo una devolución de Scioli y los suyos a lo que habían hecho en el Senado.
En otras temáticas también hubo una fuerte demora. El ejecutivo tardó un año en reglamentar la Ley de Acceso justo al Hábitat; Juicios por Jurados corrió con la misma suerte pero de parte de la Legislatura. Tardó casi un año para tener sanción definitiva. Entró el 11 de mayo del 2012 a Diputados y se convirtió en Ley en el 12 de septiembre del 2013 y luego fue promulgada. Si bien ya se realizó el primer sorteo para elegir jurados, la modalidad aún no debutó en la Provincia de manera formal.
La semana pasada cuando la senadora de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, presentó el proyecto para crear fiscalías para combatir la violencia institucional lo hizo acompañado del español Baltarzar Garzón y el vicegobernador, Gabriel Mariotto. Durante la exposición el Presidente de la Cámara de Senadores, celebró la iniciativa y pidió su acompañamiento desde el momento en que ingresa a la Cámara hasta su reglamentación. “No hay nada más frustrante para un legislador que impulsar una Ley, lograr su sanción y que después no se reglamente”, en un mensaje elíptico hacia el Ejecutivo bonaerense.
