Fuentes judiciales informaron que así lo resolvió la jueza federal María Servini de Cubría, quien procesó a Picolotti y además trabó un embargo de 450 mil pesos.
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Fuentes judiciales informaron que así lo resolvió la jueza federal María Servini de Cubría, quien procesó a Picolotti y además trabó un embargo de 450 mil pesos.
La investigación comenzó en 2007 y, según dio por acreditado la jueza, Picolotti fue quien firmó comprobantes de gastos que se hicieron en forma injustificada tales como vuelos privados, cenas en restaurantes de lujo, regalos, etcétera.
La magistrada se pronunció de esa forma en una resolución firmada el último día hábil de la feria judicial, el pasado 18 de julio.
Servini de Cubría determinó que Picolotti habría utilizado dinero asignado al presupuesto de la Secretaría para solventar gastos personales y que eran injustificados entre julio de 2006 y fines de 2007.
Uno de los puntos del procesamiento son vuelos privados que se habrían pagado con dinero del Estado, y en el cual viajó su familia (desde su cónyuge a su mucama), así como personal de la secretaría de la cual ella estaba a cargo.
Según consta en la causa, el Ministerio de Economía giraba a la Fundación ArgenINTA los fondos, y ésta última manejaba los fondos de la Secretaría, la cual con frecuencia solicitaba fondos de la “caja chica” y que son los gastos injustificados que se sospechan.
En las dos indagatorias que dio Picolotti, justificó que los vuelos privados lo fueron por la “urgencia” de la situación al no contar para el momento con los comerciales, y además cuestión de “desarraigo” por su familia.
Pero la jueza replicó que no estuvo justificado el “desarraigo” pues su núcleo familiar estaba en Buenos Aires y no en Córdoba, donde constan una gran cantidad de vuelos hacia esa provincia; además que ella solía trasladarse “en masa” junto con su familia.
“Con sólo ver la cantidad de viajes realizados por Picolotti a Córdoba y que todos los viajes de sus hijos se hicieron en compañía de los padres”, replicó la jueza al echar por tierra el argumento.
También desechó el argumento sobre que los gastos sospechados fueron por motivos “funcionales”: “me pregunto cuál habrá sido el motivo funcional que justificó la compra de Sopas Quick”, entre una gran cantidad de cosas, dijo la jueza, que van desde cenas, almuerzos, y compras varias.
Además, la jueza refutó que al revisar la agenda pública de la entonces secretaria no coinciden los días en que se realizaron esos gastos con reuniones o encuentros por motivos funcionales.