La inseguridad y falta de prioridades del Estado

La actividad que cada uno/a de nosotro/as desarrolla en la vida diaria, implica una vinculación con el entorno social en el cual desplegamos roles que fortuitamente nos hemos asignado. La importancia de esas relaciones que generamos reside en que cada acto, cada conducta trascienda en la vida de quienes nos rodean dejando una impronta, intentando siempre mejorar la situación de otras personas que se encuentran en desventaja frente a cuestiones que aparecen resueltas para otras o que son más vulnerables por encontrarse en sectores con mayores dificultades para resolver carencias y necesidades cotidianas.

La única manera de obtener resultados positivos para la sociedad es mediante la conformación de equipos interdisciplinarios donde cada uno pudiera desplegar su función en el área de su competencia, entendiendo que la asignación de roles y responsabilidades es imprescindible para sentirse parte del proyecto y del resultado final.

 

El esfuerzo que se hace en conjunto, con compromiso y convicción por los objetivos propuestos permite que las instituciones públicas se constituyan en espacios de contención, confiables y creíbles para la comunidad.

 

Brindar seguridad es una de las funciones esenciales que compete al Estado. Y como todo servicio público esencial debe cumplir ciertos requisitos ineludibles: debe ser de fácil acceso, debe actuar con inmediatez y celeridad y debe dar una respuesta, esto es, informar a la población sobre los resultados de la gestión.

 

En definitiva una de las bases de un sistema republicano de gobierno es la publicidad de los actos de quienes gobiernan, que conlleva la obligación de comunicar. Y aún cuando no se tratare de una función gubernamental específica, quien cumple un rol dentro de alguno de los poderes del estado, debe tener como único objetivo abastecer los intereses sociales y responder a los requerimientos de la sociedad respetando los derechos de la ciudadanía llevando la voz del pueblo como bandera.

 

Para mejorar el sistema de seguridad en nuestro país es necesario implementar políticas de estado que den prioridad a la problemática. Principalmente debe reconocerse la existencia de las deficiencias para hacer un correcto diagnóstico de situación, y en base a ello desarrollar planes concretos de acción que sean factibles.

 

Existen herramientas que mejorarían las condiciones actuales tales como la descentralización de las fuerzas de prevención policiales en cada municipio, otorgando a cada intendente un rol protector dado su compromiso comunitario y posibilitando un mayor control social. Asimismo debe proveerse a cada uno de ellos de facultades de dirección y control con una efectiva y directa transferencia de recursos, personal, insumos e infraestructura, sin dilaciones, con transparencia y eficacia que posibiliten la tarea preventiva y de conjuración del delito, funcionando coordinadamente con el sistema judicial y las fuerzas de investigación.

 

Por otra parte debe brindarse a las víctimas de delito un trato digno y respetuoso, creando espacios de contención, adecuados y receptivos, actuando interdisciplinariamente con todos los actores del sistema para un correcto abordaje en la investigación criminal.

 

Sin dudas, no puede soslayarse que la educación y la formación integral de la ciudadanía constituye un paso esencial para la prevención del delito, reivinidicando la función de las escuelas, el personal docente y directivo, capacitando y jerarquizando al personal que trabaja en la contención de la niñez y la adolescencia, sea en un club, un centro de día, un comedor comunitario, la guardia de un hospital o centro asistencial, los servicios de protección de la minoridad, centros educativos, etc.

 

Debemos comprometernos con la seguridad de la población, reduciendo el índice delictivo con diversas metodologías, como son las limitaciones a las medidas alternativas a la prisión preventiva, reduciendo de ese modo las excarcelaciones en casos de delitos graves; incrementar la penalidad ante el crimen organizado cuando se tratare de delitos vinculados al narcotráfico, los secuestros extorsivos, las redes de trata de personas, desarmaderos, reducidores de mercaderías provenientes de delitos contra la propiedad entre otros, y asimismo crear cuerpos de investigadores independientes de las fuerzas policiales para el esclarecimiento de estos hechos; modificar el tratamiento carcelario de los abusadores; prevenir y erradiar la violencia y el maltrato en todas sus modalidades – a la niñez, la mujer y la ancianidad – eliminando el lenguaje sexista, circunstancia que posibilita el reconocimiento de la existencia de las otras personas “lo que no se nombra no existe”.

 

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