Judiciales

Confirman condena a Felisa Miceli, pero piden una nueva pena

La ex ministra de Economía Felisa Miceli fue encontrada nuevamente culpable por el caso de la bolsa de dinero que se halló en 2007 en el baño de su despacho del Palacio de Hacienda, pero la Cámara Federal de Casación ordenó que se le fije una nueva pena.

La Sala II de Casación consideró que la pena no estaba fundada adecuadamente y dispuso que un nuevo tribunal se reúna para “determinar las nuevas sanciones a imponer, conforme la doctrina”, además de revocar también el decomiso actualizado del dinero en cuestión.

 

“La apelación de la encausada Felisa Josefina Miceli debe tener favorable acogida parcial, solamente en lo que hace a la arbitrariedad de la pena impuesta”, sostuvo el tribunal.

 

El 27 de diciembre de 2012, Miceli se convirtió en el primer ex funcionario del Gobierno kirchnerista en ser condenado por la Justicia, que le dio 4 años de cárcel por “encubrimiento agravado” por su condición de funcionaria y por “sustracción de documento público”.

 

Se la juzgaba por el escándalo del hallazgo de la bolsa con 100 mil pesos y 31.670 dólares por parte de dos bomberos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, lo cual derivó poco después en su renuncia a la cartera que ocupaba desde 2005.

 

Aunque Miceli insistió en sostener su inocencia, el Tribunal Oral Federal 2 fijó la condena de 4 años, la misma que había solicitado la Fiscalía, ordenó el decomiso de los 100 mil pesos y dispuso investigar el origen de los 31.670 dólares.

 

La defensa de Miceli presentó su apelación a la condena que fue revisada por la Sala II de Casación, donde los jueces Ángela Ester Ledesma, Liliana Catucci y Alejandro Slokar desestimaron planteos de nulidad y objeciones sobre la materialidad de los hechos juzgados, de la participación que en ellos se le atribuyó a la ex funcionaria y de las calificaciones jurídicas asignadas.

 

Los jueces confirmaron la condena dispuesta por el TOF2 y consideraron que la sentencia estaba adecuadamente fundada.

 

“Se llegó a una sentencia condenatoria con la certeza para ella requerida, previo acabado análisis de la prueba sin incurrir en omisiones ni falencias, ponderando las explicaciones de la procesada y dando razonable y suficiente respuesta a los protestas de la defensa con sujeción a las reglas de la sana crítica, dejando a la defensa sin posibilidad de réplica en esta instancia”, dijo Catucci.

 

Para Catucci había que modificar “el título condenatorio” por “encubrimiento por receptación de cosas o efectos provenientes de un delito, agravado por su condición de funcionaría pública y por haberlo cometido en ocasión de sus funciones, en concurso real con supresión de documento público, en concurso ideal con sustracción y ocultamiento de un documento confiado a la custodia de un funcionario público, agravado por haberse cometido con abuso en el ejercicio de un cargo público”.

 

La defensa se había quejado del decomiso del dinero, pero Catucci sostuvo que “la defensa evidentemente no puede discutir el carácter fungible de dinero, ni la depreciación monetaria desde el momento del hallazgo, ni el hecho de que la procesada se quedó con ese dinero de origen ilícito en su poder”.

 

Sin embargo, los jueces Ledesma y Slokar -simpatizantes del movimiento Justicia Legítima- entendieron que correspondía anular parcialmente el fallo por falta de fundamentación en lo que alude a las sanciones impuestas, y resolvió la remisión de las actuaciones a otro tribunal para que se expida.

 

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