Los allanamientos al domicilio y a unas oficinas de Daniel Passarella, que tuvieron lugar hace una semana a causa de supuestas irregularidades durante su gestión en River, cayeron como un baldazo de agua helada en numerosos entornos políticos.
El hombre del que todos hablan es Daniel Bravo, que fue secretario de Passarella durante su mandato en el Club y que también está en la mira por cierta incidencia en la causa de los Sobornos en el Senado.
A diferencia de otros operadores de la política, a Bravo se le pasó ese cuarto de hora que supo vivir cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete kirchnerista y Aníbal Ibarra jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Ya no charla tan a menudo con Enrique “Coti” Nosiglia.
El problema de Bravo y Passarella es que el actual presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, cuenta con la asesoría legal de Ignacio Irúrzun que es hermano de Martín, actual presidente de la Cámara Federal Porteña y uno de los magistrados más influyentes de todo el edificio de Comodoro Py.
Ambos hermanos son fanáticos de “la banda” y apoyan a D´Onofrio en su objetivo de investigar la gestión de Passarella. La jueza Rita Acosta, encargada de allanar varios domicilios vinculados a Passarella, ahora también subroga en la Cámara del Crimen. Estas coincidencias ensombrecen el futuro inmediato de Bravo y del “Káiser”.
Martín Irúrzun tiene además un inquina personal con Bravo, a quien considera una herramienta de una conspiración que llevó a Mario Pontaquarto a presentarse como arrepentido. Esta causa duró más de 10 años, llegó a juicio oral y terminó con todos los acusados, incluido el ex presidente Fernando De la Rúa, sobreseído porque el relato de Pontaquarto nunca se pudo comprobar. A lo largo del juicio, Pontaquarto contó en sucesivas oportunidades que es amigo íntimo de Bravo y que fue este el que lo llevó a ver a Alberto Fernández antes de darle el recordado reportaje a la ya desaparecida revista TXT.
Las maniobras de Bravo en ese expediente ya están siendo investigadas por el fiscal Eduardo Taiano. El juez es Jorge Rodríguez, quien primero le dijo a sus empleados que iba a tomar la instrucción y luego eligió delegarla. “No me quedo otra, me llamaron de abajo”, dijo en una alusión al piso segundo donde están las oficinas de la Cámara.
Irúrzun conoce todo el expediente porque a él le tocaba revisarlo. “Bravo es un chanta y además un ñoqui que cobra del Senado por un curro que le consiguió Nosiglia”, cuenta cuándo le preguntan.
La jueza Acosta dice estar tras la pista de decenas de pagos cuyo destino no está especificado en los libros del Club. Bravo y Passarella hacen al menos una consulta diaria a sus abogados. Es una táctica defensiva correcta: una maquinaria judicial y empresarial ya está en marcha y sus nombres figuran en su lista de blancos inmediatos.