A dos semanas de que el Jurado de enjuiciamiento desestimara la destitución y lo restituyera en el cargo, familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad y distintas organizaciones realizaron un acto de repudio frente a los Tribunales federales marplatenses.
La Comisión Provincial por la Memoria expresó su “profunda preocupación ante el pronunciamiento” porque “la causa que involucra al juez Hooft en delitos de lesa humanidad es fundamental en la medida que permite empezar a revelar la densa y compleja trama de responsabilidades y complicidades de funcionarios del Poder Judicial con el poder de facto y el terrorismo de estado”.
En ese sentido, evaluaron que lo resuelto por el Jury “constituye un claro retroceso en el largo camino que la democracia argentina ha recorrido para alcanzar la memoria, la verdad y la justicia”.
La denuncia contra Hooft se presentó en 2006 por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y un conjunto de organismos compuesto por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), entre otros.
A Hooft se lo acusó de haber negado hábeas corpus en favor de los detenidos por las fuerzas represivas y de visitar centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad atlántica durante la dictadura cívico-militar.