Como parte del caballito de batalla del massismo, el Jefe Comunal examinó las declaraciones publicadas en 2010 por, el entonces ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien defendía las estadísticas emitidas por su cartera al aclarar que no provenían de fuentes policiales, sino de datos entregados por la Procuración de la Corte provincial, basados en la cantidad de causas abiertas en las fiscalías.
En ese tiempo, el Ministro destacaba la transparencia del acceso libre a la información en materia criminal, como una herramienta indispensable para combatir el delito.
En 2012, Casal publicó informes semestrales sobre la cantidad de delitos cometidos en la Provincia, separados por departamento judicial y por municipio, y también la evolución de un núcleo duro de crímenes asociados a la inseguridad: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, secuestros extorsivos, encubrimientos, apremios ilegales y torturas.
Para De la Torre, el problema recae la comparación de las estadísticas correspondientes a ese año respecto de 2011, ya que los delitos contra la seguridad ciudadana aumentaron un 9,5% de un año al otro, mientras que los robos con arma crecieron un 22%.
“Del análisis desglosado de dichos números, aparecían también datos relevantes: en San Fernando, San Isidro, Vicente López, Tigre, Merlo, Ituzaingó, Morón y San Miguel, los delitos bajaron más de 10% en ese lapso. Por el contrario, en los distritos de Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Esteban Etcheverría y Lanús, aumentaron. Claramente, dichas estadísticas manifestaban una realidad inocultable: la gestión del gobierno provincial en materia de seguridad había sido ineficiente y sólo se notaban mejoras en los distritos donde los propios intendentes habíamos decidido hacernos cargo de la seguridad de nuestra gente”, sostuvo el intendente.
De la Torre declaró que “los magros resultados del trabajo provincial registraron un alza del 9,5% a pesar de que en varios distritos la cantidad de delitos había descendido más de un 10%”.
“El último semestre de 2012 las estadísticas se presentaron solamente con números generales, sin distinguir entre municipios. Así, una vez más, lejos de reconocer el problema para buscarle una solución, el gobierno provincial prefirió esconderlo o, lo que es peor, manipular la información. En 2013, la decisión fue profundizar en esa línea. Ya no se dieron a conocer las estadísticas, a pesar de que la Procuración entregó al Ministerio de Seguridad dicha información como de costumbre”, agregó.