El juicio político a Hooft fue pedido en 2006, pero recién comenzó el lunes pasado y podría terminar con su destitución. Sólo si eso ocurre, la Justicia Federal podrá sentarlo a declarar en una causa donde se investiga si archivó las denuncias penales y los habeas corpus presentados por familiares de los 13 secuestrados durante la “Noche de las corbatas” y otros 5 hechos ocurridos en 1977.
Allí había presos por delitos comunes y detenidos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que eran llevados allí por las Fuerzas Armadas. Antes habían pasado por centros clandestinos de detención y estaban a la espera de que el Ejército decidiera su liberación. Tanto los “comunes” como los “políticos” estaban anotados en listas separadas que los jueces solían consultar durante sus visitas.
Esta mañana también declaró Susana Muñoz viuda de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas desaparecidos en ese megaoperativo represivo de junio de 1977. La maniobra contó con la colaboración de integrantes del grupo parapolicial Concentración Nacional Universitacia (CNU).
“Veía los dos listados de presos”
“En el turno que yo estaba fue Hooft”, dijo Blaustein y la defensa del juez, que encabeza el abogado Héctor Granillo Fernández, pidió su detención por falso testimonio. Pero los integrantes del jury, que preside el ministro Juan Carlos Hitters, consideraron que “no hay constancia de flagrancia” en esa declaración. Lo que la defensa de Hooft quería era que Blaustein dijera si había otros jueces penales que visitaban la comisaría pero el testigo no pudo precisar ese dato porque él no estaba en otros turnos.
Además, el ex policía aseguró que Hooft veía los “dos listados de presos”, los que estaban detenidos por delitos comunes y los que llevaban allí las Fuerzas Armadas y que estaban a disposición del PEN. Dijo también que si un juez pedía que se abriera una celda determinada él lo habría hecho porque se trataba de una instrucción de “un superior”.