El escándalo de las supuestas coimas pedidas desde el despacho del juez federal Noberto Oyarbide, mediante efectivos policiales, dominó esta mañana los intercambios más rutilantes en el Gobierno. Al igual que sucediera el año pasado con el caso de Lázaro Báez, en la Rosada se instaló con gran velocidad la idea de que algo se ha quebrado en el interior del poder producto de una serie de desprolijidades que llevaron al centro del escenario al juez más polémico de los tribunales de Comodoro Py y al número dos del secretario de Legal y Técnica de la presidencia Carlos Zaninni.
Tal como se conoció horas atrás, ayer Cristina Fernández de Kirchner le pidió explicaciones a Zaninni sobre la relación entre Oyarbide y Carlos Liuzzi. Se la vio molesta y luego procedió a contactarse con Héctor Icazuriaga, el jefe de la SIDE, últimamente poco visible en la órbita presidencial.
Escuchó un dato que la llevó a contactar nuevamente Zannini: Oyarbide está absolutamente respaldado por Javier Fernández, histórico operador entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia.
Según explicó Icazuriaga, estaban distanciados, pero cuando un grupo de financistas comenzó a decir que desde su juzgado les pedías coimas para frenar medidas, Oyarbide retomó el contacto e hicieron las paces. Por eso la causa judicial que lo investiga está en manos del juez Luis Osvaldo Rodríguez, compadre de Fernández.
Cristina nunca logró entenderse bien con Fernández (lo conoce desde que era senadora) aunque siempre que fue necesario recurrió a sus habilidades y a la llegada que el operador tiene al despacho de Ricardo Lorenzetti. Esa es una relación poco comentada pero conocida de sobra por todos los ministros de la Corte.
Fernández tiene muchos motivos para estar furioso con el Gobierno, el más reciente la degradación de su amigo Hernán Ordiales en el Consejo de la Magistratura y el ascenso, en su lugar, de Julián Álvarez, el secretario de Justicia.
Pero también hay una conveniencia: el socio de Fernández en un estudio jurídico, Darío Richarte, es, junto al fiscal Guillermo Marijuan, los dos lazarillos que tiene el candidato Sergio Massa para transitar por el complejo mundillo judicial. Todavía nadie termina de entender porque ese estudio defiende a Amado Boudou en la causa Ciccone.
La Presidenta conoció ayer otros datos sobre la familia Greppi que controla la financiera Propyme. Sabe que son oriundos de La Plata y un hombre del clero le avisó que además de estar vinculados a la causa Schoklender (cambiaban cuantiosos cheques) la financiera aparece en dos causas por trabajo esclavo, una protagonizada por una exclusiva marca de vestir que también operaba a través de los Greppi.
Hoy por la mañana cuando el tema Oyarbide apareció en un plenario del Consejo de la Magistratura todo el oficialismo allí presente guardo un silencio de radio. Solo habló el diputado, que se define como cristinista, Carlos “Cuto” Moreno: “por mi Oyarbide puede ir preso”. Quedará para el corto plazo interpretar si esa frase se debe a que Moreno también lo odia a Fernández o si alguien, en los niveles más altos, le dio vía libre para que la dijera.
