Las empresas que paguen coimas podrían ser multadas con hasta 180 días de facturación en caso de aprobarse la propuesta de reforma del Código Penal que Cristina Fernández de Kirchner analiza.
En la actualidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista en materia tributaria o de defensa de la competencia, pero el anteproyecto modifica y amplía sustancialmente el espectro de delitos y penas para las empresas, según el sistema de los “días-multa”.
En el capítulo sobre Cohecho y Tráfico de Influencias, propone penas para las compañías que tengan una decena de delitos. Por el pago y la exigencia de sobornos y para el de Tráfico de influencias, se prevén multas de 60 a 240 días. Para las empresas que acepten dádivas, el anteproyecto propone multas de 30 a 180 días e inhabilitación de dos a cinco años. Para las que ofrezcan o paguen coimas, se estipulan multas de 30 a 180 días.
Según difundió en su blog el coordinador de la Comisión para la Reforma del Código Penal, el doctor Roberto Carlés, esos delitos y esas penas están propuestos en el documento del anteproyecto del Código, donde trabajaron el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el jurista León Arslanian, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, el jefe del bloque de diputados del PRO Federico Pinedo y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata.
También propusieron habilitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de Reducción a la servidumbre, Trata de personas y Contrataciones ilegales.
Cuidado del medio ambiente
El anteproyecto del Código crea el delito de Contaminación, tanto para empresas como para personas físicas, y prevé multas de 60 a 360 días para las compañías que dañen su entorno, con penas agravadas en los casos en los que además se compruebe la utilización de residuos peligrosos o industriales, o si como consecuencia de los daños un área quede inutilizable para la ocupación humana, entre otros puntos.
Además, las personas jurídicas tendrán responsabilidad penal en todos los delitos contra el patrimonio y contra el orden económico y financiero, incluyendo fraude, presentación de balances falsos, desabastecimiento y destrucción de mercaderías o bienes esenciales para la alimentación o la salud.