Además, otra causa en poder de la jueza María Servini de Cubría, por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, investiga la supuesta implementación de un “cepo informativo” que se habría impuesto para proteger al vicepresidente Amado Boudou, procesado en el caso Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Ambas causas comprometen a funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia, y Servini de Cubría por ello había rechazado ser querellante lo que le da la posibilidad de acceder a la causa, acusar y sugerir medidas de prueba.
Así, la Sala I de la Cámara Federal con la firma de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, le otorgó al Ministerio de Justicia el rol de querellante.
La causa por la desaparición del expediente se originó por información publicada por el diario La Nación, y luego la jueza Servini de Cubría emprendió una investigación en una denuncia que apunta contra el ministro Julio Alak; Boudou; el titular de la IGJ, Norberto Carlos Berner, y su antecesor, Marcelo Mamberti.
La pérdida fue en marzo de 2012 de unos tres expedientes en la IGJ, sobre la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), London Supply, la cual aportó dinero para el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre la empresa, y del fondo The Old Fund, el cual intervino en el proceso de compra.
Por la extravío de la documentación, el Ministerio había replicado con una denuncia contra la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, quien es ahora asesora de la diputada Margarita Stolbizer y declaró como testigo en la causa Hotesur a cargo de Claudio Bonadio.
La otra causa es por una denuncia de la diputada Carrió y se investiga un supuesto plan para proteger a Boudou por la causa Ciccone y un “cepo informativo”.
Servini de Cubría había negado al Ministerio ser querellante, ya que consideró que era contradictorio, pero los camaristas Freiler y Ballestero consideraron que el artículo 4 de la ley 17.516 prevé que “el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública”.
Los jueces advirtieron que no se debe confundir entre “la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionaros que pudieran representarlo”, y rechazaron la “existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto”.
Por su parte, Eduardo Farah, tercer integrante de la Sala I, votó en disidencia.