Miles de integrantes de las fuerzas de seguridad, equipadas con drones y lanchas, llevan semanas rastreando por pueblos, montañas y ríos de la región de Guerrero la búsqueda de los jóvenes que estudiaban para maestro en la comunidad de Ayotzinapa.
Las autoridades perdieron su rastro el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala (Guerrero), cuando fueron víctimas de unos ataques a tiros de policías locales aliados de un cártel narcotraficante, que dejaron seis muertos.
Desde entonces fueron encontradas una decena de fosas clandestinas con al menos 38 cadáveres. El caso escandalizó a la comunidad internacional y colocó al presidente Enrique Peña Nieto en la mayor crisis de su mandato, que comenzó en 2012.
Los primeros peritajes descartaron que entre al menos 28 de esos cadáveres fueran los estudiantes, pero la fiscalía puntualizó que aún falta el dictamen de un grupo independiente de forenses argentinos.
El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, apuntó a que los posibles captores los haya dividido y movido de escondites para eludir el cerco.
El propio Peña Nieto manifestó que la captura de José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y luego fue revocado junto a su esposa, lleve al esclarecimiento del caso.
Después de más de un mes a la fuga, Abarca y su mujer, María de los Ángeles Pineda, fueron localizados en una casa abandonada de un barrio de Ciudad de México.
La pareja es acusada de haber ordenado el ataque de sus policías contra los estudiantes, que se habían apoderado de colectivos para volver a su escuela de la cercana Ayotzinapa. Pensaban que los jóvenes iban a sabotear un evento público encabezado por Pineda, de quien se conocían las intenciones de relevar en 2015 a su esposo como alcalde de Iguala, a 200 km de Ciudad de México.