“Utilizar herramientas y organismos estatales que pagan todos los argentinos para obtener información que permita coaccionar magistrados, es propio de un Estado mafioso”, asestó el diputado porteño del PRO Daniel Lipovetzky en referencia a la investigación que encabezó la Inspección General de Justicia sobre el juez federal Claudio Bonadio.
El vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad salió en defensa del magistrado que autorizó la semana pasada el allanamiento de Hotesur, la empresa que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Rápidamente, visiblemente molestos con la medida, en el Gobierno Nacional cerraron filas para incomodar al magistrado federal. Por un lado, se instruyó a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que obtenga datos de una sociedad que integra Bonadío. Además, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, lo denunció por mal desempeño y el senador kirchnerista Marcelo Fuentes hizo lo propio pero por enriquecimiento ilícito.
Para Lipovetzky, “es no solo infantil sino también ridículo, que la defensa de presidenta consista en señalar que hay otros tan infractores como ella”. En ese sentido, el legislador porteño marcó que “si el juez Bonadío era un evasor o un infractor de algún tipo, lo era hace un mes o un año también, pero el gobierno lo persigue ahora, porque ha decidido investigar a la presidente”.
“Están malversando los recursos de los argentinos para presionar a la Justicia en lugar de probar, si pudiesen hacerlo, que no han cometido los ilícitos de los que se los acusa” arremetió.
Además, Lipovetzky sostuvo que “resulta muy curioso que esta gente hable de democratizar la Justicia, mientras utiliza todo método antidemocrático a su mano para presionarla”. “Siguen sin poder destituir a los jueces que les resultan incómodos, será que las causas que dicen tener no están suficientemente probadas”, cerró el diputado macrista.