La red de contactos que le permite a Romero eludir la Justicia y buscar un nuevo mandato
Por Nicolás Fiorentino.- Consiguió que siete de las ocho causas por corrupción en su contra duerman en un juzgado cuyo titular está a punto de ser ascendido. En la octava, presiona por el pase al fuero federal para que la tome un juez amigo.
En Salta dan por descontado que Juan Carlos Romero llegará a las elecciones del año próximo sin prestar declaración en ninguna de las ocho causas penales por hechos de corrupción durante su gestión como gobernador que tramitan en la justicia. La influencia que el senador mantiene aún mantiene en los Tribunales le permite eludir la indagatoria y el posterior procesamiento. Todo, gracias a una red de contactos que va de ex jueces de la Corte salteña a magistrados del fuero federal, allegados al clan romerista, que le allanan el camino hacia los comicios 2015, en los que intentará volver al poder.
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De las ocho causas por corrupción que pesan sobre Romero, casi todas vinculadas a malversación de fondos y tierras públicas, siete tienen algo en común: fueron iniciadas antes de junio de 2012, fecha hasta la que en Salta rigió un sistema penal mixto para cerrar los expedientes previos a la reforma del Código Procesal Penal provincial. Eso derivó en que esos expedientes tuvieran como primer destino las manos de tres jueces del viejo juzgado de instrucción formal. Fueron Antonio Pastrana, Raúl Sosa Vallejos y Martín Pérez. Todos, a su vez, con otra característica que los unifica: fueron nombrados durante la gobernación de Romero.
Estos tres jueces hicieron el primer gesto para que las causas contra Romero no avancen, al negarse a unificar las causas en un solo expediente, lo que permitiría acelerar la investigación y tratar un solo objeto procesal. También hicieron el segundo gesto, al encuadrar las acusaciones en la figura de “información sumaria”, una alternativa que permitía el viejo sistema para legisladores provinciales y que conlleva a un seguimiento meramente administrativo. Romero ganó, sólo con esto, dos años. Las causas que se iniciaron en 2010 tuvieron su primera respuesta de fondo en diciembre de 2012, cuando la Corte provincial, tras largo tiempo de tironeos, resolvió que el ya senador debía someterse a la Ley Nacional de Fueros y tratar sus causas por mecanismos ordinarios.
Eterna transición
Cuando llegó este momento, en Salta ya se había activado el nuevo Código Procesal. La Corte designó cuatro juzgado de transición para cerrar los expedientes iniciados antes de su sanción. Al poco tiempo, dos de esos jueces se jubilaron. Quedaron dos juzgados de transición activos. Uno a cargo de Federico Diez; el otro, en manos de Pablo Arancibia.
En el juzgado de Diez cayeron cinco de las siete causas. Esto preocupó en primera instancia a los abogados de Romero, ya que este juez dio muestras de intentar avanzar con el desafuero del ex mandatario y lo citó en dos oportunidades a brindar declaración. Citaciones a las que Romero no asistió. Pero rápidamente el aparato de contactos de Romero lo corrió del mapa. ¿Cómo? Nombraron como abogada de una de las escribanas acusadas en todas las causas a María Rosa Ayala, ex ministra de la Corte de Justicia de Salta. Y como Diez había sido secretario de Ayala en el máximo tribunal provincial, tuvo que excusarse y abandonar las investigaciones.
Ayala fue secretaria de la Corte de Justicia durante el gobierno de Roberto Romero, padre del senador. Hasta fines de los ochenta trabajó con Romero padre. Juan Carlos Romero la recuperó como funcionaria de confianza ya como gobernador. La nombró jueza de la Corte y la hizo volver del otro extremo del país, Tierra del Fuego, donde estaba radicada. Hoy integra el estudio de Raymundo Sosa, el abogado personal de Romero y uno de los tantos imputados en las causas contra él.
Así las cosas, las siete causas cayeron en el juzgado de Transición de Arancibia. Y así como entraron, se quedaron. Lo que ocurre es que este magistrado, un hombre de carrera dentro del poder judicial salteño, está primero en una terna para integrar el Tribunal de Impugnación de Salta, un órgano con funciones similares a las que tiene la Cámara de Casación en la justicia federal. “Ningún juez que busca un ascenso se complica con causas ligadas al poder político”, blanqueó una fuente judicial. Con su salida, las siete causas que lleva quedarían sin juez natural. Y nada se resolverá antes de que Romero vaya a las urnas, en busca de su cuarto mandato como gobernador.
La octava
La única causa que no tramita en los tribunales de Transición es la conocida como El Hangar, ingresada ya bajo el nuevo Código Procesal. Es, de todas las causas, la que más complica a Romero: aunque el senador elude prestar declaración, el nuevo sistema acusatorio permite elevar un expediente a juicio sin este paso previo. El juez de Garantías N°5, Héctor Martínez, es quien puede avanzar en esta dirección. Pero el romerismo volvió a trabarlo con una maniobra judicial básica: cuestionó su competencia.
Lo que hizo la defensa de Romero en esta causa fue pedir su pase al fuero federal. En eso se dirime hoy el único expediente que puede eludir el freno de mano que pusieron en los juzgados de transición. Y si el romerismo gana la pulseada, será una victoria rotunda: la presentación por competencia la gestionó en el juzgado federal N° 2, cuyo titular es Miguel Medina, ex apoderado del PJ cuando su presidente era, si, el propio Romero. La Cámara Federal de Apelaciones aún no resolvió la disyuntiva.
