Es un fenómeno mundial el crecimiento desordenado de habitantes en las grandes urbes, y las migraciones hacia ellas de familias que buscan dejar de lado su actual manera de vivir porque en sus lugares de origen no tienen las mismas posibilidades; pero esto no es justificativo para carecer de un serio abordaje para resolverlo.
Dentro del Gobierno Nacional hay un área, la Comisión Nacional de Tierras, que entre sus diversas misiones y funciones, las que se encuentran publicadas en su sitio web, está la de “asistir en la formulación de políticas de tierras que faciliten la provisión de terrenos (…) como así también en el desarrollo de acciones tendientes a la identificación de inmuebles del Estado Nacional que puedan ser afectados a fines sociales”. Ante hechos de la envergadura como los acaecidos recientemente en Villa Soldati o como los que hace años atrás se produjeron en la Provincia de Formosa arrojando como resultado la muerte de dos aborígenes, muestran el claro incumplimiento de las misiones y funciones que hacen su existencia.
Continuando con la enunciación de las misiones se publica: “Detectar necesidades de desarrollo de programas que faciliten el acceso a un hábitat digno de barrios y unidades económicas rurales (…)”. Es dable considerar que las políticas implementadas por el Gobierno Nacional no fueron mayormente en apoyo al campo, pero esta última función enunciada manifiesta su imposible realización; en tanto que los preocupados por acceder a una vivienda que intentan tomar tierras un importante número proviene de zonas rurales, de las misma zonas que se ven afectadas por aquellas políticas que lleva adelante el Gobierno.
Las ocupaciones ilegales generan hacinamiento, inexistencia de servicios básicos, discriminación, etc. Está comprobado que la regularización dominial tiene efectos sociológicos altamente favorables: se disminuye el embarazo adolescente, aumenta la escolaridad, disminuyen los índices de mortalidad, es decir se ordena la sociedad. Orden, término que fuera últimamente desvirtuado por funcionarios nacionales, y que refiere simplemente, como lo dicen las acepciones de la Real Academia Española, a la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, concierto. Sería colocar los derechos humanos en su lugar, contribuir a la convivencia y no al des-concierto.
El centro de toda esta problemática es la familia, la “célula vital de la sociedad”, según El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la que se ve agraviada y degrada con el desconcierto en las políticas de Tierras. No es necesario efectuar más balances, es imperioso planificar e implementar políticas de estado en la temática de Tierras y Viviendas. No hay tiempo que perder en diagnóstico, es momento de ejecutar soluciones.
Por último, el título del presente refiere a la esperanza, que van allá de un anhelo; a la confianza en que ocurrirá, que se logrará lo que deseamos: una Patria Grande.
Al escribir esta nota, la Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de la Secretaría del Hábitat, a cargo del Arq. Rubén Pascolini, quien estaba en dicha Comisión Nacional y responde a Luis D’Elia. Vale decir, D’Elia fue Subsecretario de Tierras para el Hábitat, lo despiden y se crea la Comisión de Tierras a cargo de alguien de él; hoy se crea la Secretaría del Hábitat que estará con los mismos funcionarios que en estos 7 años no han logrado ni ejecutado mucho. Mi pregunta es, como harán las personas que reportan a Luis D’Elia para ejecutar $2118 millones en el tiempo que queda de mandato.