“La respuesta a la violencia institucional debe darse desde la política. O ponemos el oído en las demandas populares y convertimos las frustraciones en realizaciones; o criminalizamos el dolor y la respuesta es la represión, la impotencia cuando no hay razones. Y después de 30 años de democracia, no podemos hacer de la represión la respuesta a los reclamos de la sociedad”, aseguró Domínguez.
El titular de la Cámara baja señaló que “la protección de la vida humana debe ser la tarea que guíe las acciones del Estado”, y destacó que “existe la posibilidad de transformar democráticamente las estructuras de seguridad y justicia, entendiendo de una vez y para siempre que la violencia institucional es incompatible con la democracia”.
“En los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de Fuerzas de seguridad y el 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”, señaló Domínguez, y remarcó que “es necesario promover desde el Estado las políticas sociales que permitan la superación de las condiciones de exclusión que sufren los sectores más humildes, que son los más vulnerables a la violencia institucional y sobre quienes esta impacta con más fuerza”.
En ese contexto, presidente de la Cámara de Diputados nacional consideró “fundamental en este proceso el control civil y el accionar de instituciones públicas conformadas tanto por profesionales relacionados con la temática del derecho y la seguridad, como así también la participación de universidades y redes conformadas por ciudadanos movidos por el interés de terminar con prácticas que lesionan los derechos humanos de las personas”.