El caso del intendente de La Plata ha recibido especial atención a causa de la pésima decisión de su equipo de comunicadores de falsificar información relativa a su localización cuando se encontraba fuera del país.
Vale preguntarse si, en verdad, el problema pasa por ahí. Si importa dónde estaba cada uno. Por supuesto, importa, pero no es el motivo ni la causa del desastre, ni tampoco un agravante particular. Contra la corriente general del sentido común, quisiera argumentar que, en rigor, lo padecido se debió menos a un presunto estado de acefalía política –que no existió-, que a una falla, mucho más grave, de los mecanismos estatales encargados de anticipar, prevenir, comunicar e intervenir en situaciones de desastre. En concreto, el que falló fue el Estado, en todos sus niveles.
Ello no refiere –no solamente, al menos- a su conducción política, sino a las instancias de emergencia que, por algún motivo, no funcionaron como debían en la coyuntura.
Dejemos de lado las instancias relativas al planeamiento urbano, los permisos de edificación, las obras de infraestructura que fallaron o no existieron, como el mentado entubamiento del Arroyo El Gato. Preocupa más la falta de respuesta del Estado –municipal, provincial y nacional- en cuestiones prioritarias que hacen al tratamiento de la situación. No hubo alarmas adecuadas, no se procedió a la evacuación preventiva de los afectados. Los servicios de defensa civil, las fuerzas de seguridad y otros operarios especializados estaban de licencia por el feriado, cuando debían estar en alerta.
La población no contaba, en las primeras horas de la catástrofe, con información adecuada sobre qué hacer, hacia dónde dirigirse, o qué servicios utilizar. Las provisiones de la coyuntura surgieron de la encomiable solidaridad ciudadana, y sólo entre seis y doce horas después, de las arcas del Estado. Las instancias de articulación de políticas metropolitanas volvieron a brillar por su ausencia, reabriendo un debate que parece que no logramos saldar con medidas concretas. En el caso de La Plata, tampoco los medios de comunicación –tal vez por un déficit de información- informaron desde el primer momento sobre la gravedad de la crisis.
Todo ello configura un diagnóstico, para nada agradable, que se resume en una frase lapidaria: fallaron todos. La presencia de unos y otros, sin una batería de medidas simples, estandarizadas, y sin la coordinación de especialistas, se redujo a un hecho semiótico sin significación práctica. Más allá del debate sobre la medida en que pudo existir una falla de la dirigencia política, faltaron las políticas estatales de prevención y manejo de catástrofes, que en la coyuntura podrían haber amortiguado, no sabemos cuánto, el impacto de la misma.
Estas líneas no pretenden exonerar a los que no estuvieron desde el primer minuto al servicio de los afectados, ni tampoco subestiman la notable capacidad de autogestión que mostró la sociedad en la contingencia que se presentó. Se trata, por el contrario, de reafirmar la necesidad de contar con mejores mecanismos estatales, desde el conocimiento hasta la concentración de provisiones, desde el planeamiento urbano hasta la infraestructura, y desde el primer momento de la crisis hasta la difícil transición a la “normalidad” que, esperemos, comenzará en los próximos días para quienes lo han perdido todo pero todavía están acá.
(*) Profesor Universitario. Analista político