Entre los reclamos, se encuentran el desfinanciamiento de programas de asistencia, el abandono en las políticas de niñez y adolescencia, la precariedad de la salud pública y la situación crítica de los comedores escolares.
Entre los reclamos, se encuentran el desfinanciamiento de programas de asistencia, el abandono en las políticas de niñez y adolescencia, la precariedad de la salud pública y la situación crítica de los comedores escolares.
Con un diálogo cada vez menor con el gobierno de la Nación por la redistribución de la coparticipación de impuestos, además de los reclamos gremiales por aumentos salariales en educación, salud y justicia, la gestión de Daniel Scioli aplica recortes en distintas áreas para obtener fondos y negociar con los sindicatos.
Sin embargo, esos recortes son denunciados desde los hospitales provinciales ya que implican la escasez de insumos y medicamentos oncológicos y de VIH, falta de personal y deficiencias edilicias que complican la atención de los pacientes y, en casos extremos, la suspensión de cirugías.
Además, las farmacias denuncian atrasos de más de 30 días en los pagos de IOMA que obligan a suspender tratamientos de pacientes como los del plan MEPPES, que entrega fármacos oncológicos gratuitos.
En los comedores escolares de algunas localidades del interior, los municipios tuvieron que hacerse cargo de la alimentación de cientos de niños frente por el retaceo de fondos.
En situación crítica también se encuentran los hogares provinciales que albergan a niños de manera permanente, y que continúan sin cobrar las becas desde noviembre del año pasado. En 2012, unos 30 hogares bonaerenses debieron cerrar sus puertas frente a la falta de recursos.
Del mismo modo, desde las organizaciones dedicadas al tratamiento de jóvenes con problemas de adicción denuncian que el Gobierno bonaerense adeuda varios meses en el pago de sus prestaciones, y que también corre riesgo la continuidad de unas 45 instituciones.
Asimismo, el presupuesto del Programa “Envión”, destinado a más de 45 mil chicos en estado de vulnerabilidad, “bajó sustancialmente y no existe ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades”, según indicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).