La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima vinculada a una casa de citas ubicada en Lima 1035, Ciudad de Buenos Aires, donde según el denunciante se estarían produciendo situaciones de trata de personas.
Tras esa denuncia tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, quien ordenó a la Policía Metropolitana realizar tareas investigativas para determinar la veracidad del delito que se estaría cometiendo.
En declaraciones a Télam, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo que “se trabajó específicamente sobre ese lugar a través de filmaciones, seguimientos, entrecruzamientos telefónicos y se empezaron a identificar los diferentes lugares y las personas involucradas con nombre o pseudónimos”.
Luego ordenaron “la primera etapa de allanamientos, en la que se liberó a más de 30 mujeres y se detuvo a nueve personas; dos semanas más tarde, en otros operativos en colaboración con Prefectura Nacional y la Secretaría de Seguridad de la Nación, coordinada por Sergio Berni, se liberaron otras 60 mujeres y se detuvieron a 16 personas”.
“El juez tomó declaraciones inmediatamente a todas las mujeres para evitar la revictimización y se les facilitó a cada una volver a sus lugares de origen, ya que había muchas de otros países y de otras provincias”, sostuvo Montenegro.
Los 25 detenidos fueron alojados en la U-29 del Servicio Penitenciario Federal y quedaron incomunicados a disposición del secretario Juan Tomás Rodríguez Ponte y el juez Lijo.