Debían ser las Comisiones de Salud Pública; Obras y Servicios Públicos; Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica; Organización Territorial y Vivienda; Presupuesto e Impuestos; Derechos Humanos y Garantías y Seguridad las encargadas de girarle al vicegobernador y presidente de la Cámara un pre-informe que formaría parte del informe final.
Fue la Comisión de Derechos Humanos y Garantía una de las que más trabajó por aquellos días para dar luz a un tema sensible como la cantidad de víctimas. Presidida por el senador del Frente Para la Victoria, Santiago Carreras, la comisión se encargó de invitar al Juez en lo Contencioso y Administrativo, Luis Arias, al Defensor Penal Juvenil, Julián Axat, al Fiscal Jorge Paolini, al Juez de Garantías Guillermo Atencio, y a la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, quienes aceptaron la invitación. También, según pudo saber Letra P –accediendo al informe final que la Comisión trabajó-, se le envío una invitación el día 17 de mayo al intendente platense Pablo Bruera para que concurra el 22 del mismo mes; la respuesta a esa invitación no figura en el informe final y Bruera nunca fue al Senado. Esta comisión además eligió para su forma de trabajo aquellos días de mayo, “trazar” un Eje Judicial (Jueces, Fiscales y Procuradora aportan causas y experiencias), un Eje Sanitario (Hospitales aportan Informes y Estadísticas) y un Eje Testimonial (Vecinos, ONGs presencian las reuniones y aportan testimonios).
“La pérdida de vidas fue justamente el punto de principal interés y el eje fundamental en el que se centró la Comisión de Derechos Humanos y Garantías”, dice el pre informe final de la Comisión de Derechos Humanos, con lo cual se buscó saber “cuántas muertes se sucedieron a causa de la inundación, en qué circunstancia, dónde ocurrieron esos decesos, cuántas muertes se sucedieron a causa de la inundación, en qué circunstancia, dónde ocurrieron esos decesos, etc.”. Pero, luego de escuchar a los primeros invitados (Luis Arias, Julián Axat y Juan Cruz Condomí Alcorta), los Senadores que la integran (Santiago Carreras, Emilio López Muntaner , Marina Moretti, Cecilia Comerio, Silvia Pérez, Ricardo Zamperetti, Cristina Di Rado, Roberto Costa y Juan Simón) concluyeron que “las conclusiones en esta instancia estando la investigación aún abierta son absolutamente complejas”.
Si bien la mayoría de las reuniones fueron abiertas al público, fue el Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta quien pidió que el encuentro sea entre él y los Senadores. Aquel día (el 8 de mayo) a las 17.30 se cerraron las puertas. Según el informe de la comisión, Condomí Alcorta les dijo a los legisladores que “en este momento, tengo un universo de 92 certificados, de los cuales 44 son muertes en hospital, 19 en domicilio y 29 casos están en estudio de la Asesoría Pericial”. También reza el informe que el Condomí tenía reportadas ocho muertes “el 3 de abril, a las ocho de la mañana, cuando llegó a la Fiscalía”, aunque en el transcurso del día “se fue incrementando ese número (…) hasta llegar al número de 51 personas que ingresaron a la morgue y que tras la aparición de un nuevo cadáver terminó conformándose una primera lista de 52 muertos”.
También, siempre el informe de la Comisión, Condomí “enfatizó al afirmar que nunca dijo que allí se cerraba la lista y reconoció que podía haber gente que no hubiese denunciado las desapariciones o gente que no tuviese familiares y pudiese aparecer luego en las vías hídricas o en otras circunstancias”.
La Comisión de Derechos Humanos, además pidió a las autoridades de los centros de salud: Sor María Ludovica, San Juan de Dios, San Roque de Gonnet, Hospital Español, Hospital Gutiérrez, Rossi e Italiano en donde se requirió la cantidad de ingreso al establecimiento entre los días 2 y 5 de Abril, Cantidad de decesos ocurridos en esos días, y los Causales de fallecimiento de paciente en ese lapso; sólo el Hospital Rossi no respondió. En Julio la Comisión “notifica plazo de 60 días para entrega del Informe”.
Otra de las Comisiones que trabajó al respecto durante los primeros días de mayo, fue la de Presupuesto e Impuesto. Liderada por el vicepresidente del bloque del kirchnerismo, Patricio García, tuvo su primer encuentro con autoridades provinciales el 14 de mayo. Aquel día recibió al titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense, Martín Di Bella, el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni y el director de la banca provincial, Omar Galdurralde. Los funcionarios de la gestión de Scioli dieron detalles de las exenciones impositivas y el otorgamiento de créditos para damnificados. En un mes otorgaron 9000 préstamos, según explicita el informe de Presupuesto.
El 26 de junio el Ministerio de Desarrollo Social remitió un informe a la comisión que llevó la firma del Subsecretario de Políticas Sociales, Santiago Cafiero, a donde es explicó que en los 2 días posteriores a la inundación “se proporcionó asistencia a más de 350 familias a las que se les distribuyeron elementos tales como colchones, frazadas, camas, alimentos secos, leche en polvo, cocinas, artículos de limpieza”.
El 11 de julio la Comisión puso el ojo en las obras y acciones a futuro. Allí el ministro de Infraestructura se escudó en el informe de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Dice textual el documento elaborado por la Comisión de Presupesto al respecto de la reunión con Alejandro Arlía, al igual que lo expresó la UNLP, que “las obras no hubiesen cambiado las consecuencias del evento en más de diez centímetros (si se hubiesen hecho todas las obras). Si hubiesen estado todos los conductos en condiciones, la modificación también hubiese sido de diez centímetros”.
“La ciudad estaba preparada para 40 milímetros y llovieron 400 milímetros (320 milímetros en cuatro horas). Cuando la capacidad constructiva de los desagües pluviales y de los arroyos llegaron a su límite, las aguas buscaron el cauce natural en el arroyo Pérez, el Regimiento, el arroyo El Gato, el arroyo Maldonado y el Zoológico”, coincidieron en el informe final de la Comisión de Presupuesto.
También los legisladores se apoyaron en el informe que hizo la UNLP al respecto y coincidieron en el documento final que el trabajo de la casa de altos estudios “hace un resumen muy descriptivo y objetivo del evento. Ahí se señalan las falencias que se tuvieron como Estado provincial, municipal y nacional. Además están las condiciones que sugiere, y pone el mayor énfasis en aprender a trabajar sobre la contingencia porque no hay obra hídrica que pueda soportar semejante evento”.
Hoy, a 6 meses de la aprobación del proyecto de resolución F104 13/14 que llevó la firma de los senadores por la Octava Sección Luciano Martini, Gustavo Oliva, Emilio López Muntaner, más el acompañamiento de la jefa de bancada, Cristina Fioramonti, todavía no se conoce a ciencia cierta cuándo se conocerán los detalles que el Senado manejó para la determinar causas y responsabilidades de la inundación.
En contacto con este medio, una fuente de la oposición fue clara: “cada comisión le enviaba el informe a la privada de Mariotto. La gente de Mariotto se iba a encargar del informe final; cuando pasó lo de las inundaciones el Frente Para la Victoria estaba enemistado con Daniel (Scioli)”.
La misma fuente también relató que “el arranque fuerte fue cuando estuvieron peleados con Scioli y ahora que están juntos en las elecciones, está cajoneado”.