El plan de “emancipación financiera”

Por Ricardo Salas

Con renovadas señales de austeridad, la administración gubernamental de Daniel Scioli está decidida a generar más recursos propios para tener que depender menos en el futuro del financiamiento que le provee, discrecionalmente, la Casa Rosada.

 

Haciendo números como en la economía hogareña, la Provincia pretende para lo que resta de este año, y el que viene, concretar un esfuerzo mayúsculo por engrosar presupuestariamente su caja cotidiana.

 

En términos políticos, no se trata de una decisión inocente. “El principal desafío que tenemos es llegar al día 10 de enero del 2013 logrando poder cumplir con el pago de salarios mensuales y el medio aguinaldo de diciembre a los empleados estatales con recursos presupuestarios propios, además, obviamente, del giro vía Nación de los fondos que nos corresponden por coparticipación federal de impuestos”, garabatea sobre un papel uno de los ministros del entorno más cercano al proyecto presidencial de Scioli.

 

No es un dato menor. Si el gobernador logra llegar a esa fecha del almanaque estival del año próximo consiguiendo plasmar en los hechos ese esquema económico, habrá conseguido sacar un boleto hacia la independencia financiera del gobierno nacional.

 

En La Plata advierten que, de prosperar esa estratégica pulseada política, Scioli podrá recién enterrar las críticas públicas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando lo responsabilizó –al igual que a otros gobernadores– de no gestionar y administrar con eficacia los recursos públicos.

 

“Santa Fe se sumó a las dificultades para pagar los salarios, como Córdoba y Buenos Aires en su momento. El gobierno nacional debería revisar el sistema de reparto de los fondos de coparticipación federal de impuestos”, grafican incluso, desde sectores de la militancia K, tal vez advirtiendo también nubarrones financieros sobre el horizonte de la presidenta Cristina hacia el año que viene. Desde la Provincia sostienen que este año la Casa Rosada no puede darle a Scioli más de lo que le viene dando, es decir, unos 2.100 millones de pesos.

 

“Es una asistencia importante. El préstamo de 600 millones de pesos a la gobernación vía la caja de la Ansses nos permitió terminar de abonar el medio aguinaldo a todos los empleados públicos, pero aquel aporte de comienzos de julio último que se recibió de parte de la Nación por 1.000 millones de pesos, fue en concepto de adelanto por coparticipación y no una ayuda financiera extraordinaria, como quisieron hacer ver desde el ministro de Hacienda”, aclaran desde calle 6.

 

Con los mercados financieros internacionales cerrados, y al compás de los focos políticos de tensión con la Casa Rosada, Scioli necesita seguir brindando gestos de afinidad con la presidenta de la Nación.

 

Por eso ahora, a partir de un paquete de medidas de ajuste que incluye colocaciones de bonos y Letras del Tesoro, un mayor ajuste del gasto público y una profundización de la lucha contra la evasión impositiva, la gobernación busca asegurarse el pago en “tiempo y forma” de los sueldos hasta fin de año y del segundo aguinaldo en diciembre venidero, sin la necesidad de pedirle ayuda extra al gobierno nacional.

 

Como parte de esa estrategia, la administración sciolista prevé además aplicar una serie de subas para el último bimestre de este año en el Inmobiliario Urbano que pagan los countries y barrios cerrados de la provincia, para lo cual la ministra Silvina Batakis (Economía) avanza técnicamente sobre el revalúo fiscal de rigor. También, la funcionaria buscará cobrarles Ingresos Brutos a los pooles de siembra. Esa decisión puede estar vinculada con aquellas lecciones económicas aportadas por los fiscales K sobre la gestión sciolista cuando se le reclamaba al gobernador “ponerse la “camiseta de la Rosada”.

 

Se sabe, ponerse la camiseta oficial del kirchnerismo significa profundizar la batalla ideológica, en términos impositivos, contra las patronales del sector rural.

 

Pero además Scioli, en su afán por desmenuzar el gasto estatal y así contrarrestar el déficit de las finanzas en la Provincia, decidió también profundizar un antipático ajuste de cinturón en un área sensible, como la educación pública.

 

“Le seguimos buscando la vuelta a los ausentismos en Salud y en Educación, dentro de un contexto global de restricción presupuestaria”, aclaran dentro de la gobernación. De la mano de ese plan, se apuntará a reducir la cantidad de suplencias en los colegios estatales y también se tomarán medidas en Salud, a partir del ausentismo de profesionales en los hospitales. La necesidad de fijar prioridades y optimizar recursos que el gobernador compartió con un grupo de intendentes, incluyó además la tardía iniciativa de estimular el presentismo docente, la eficiencia educativa y el rol de los consejos escolares.

 

Esa medida gubernamental, además, se da en momentos en que distintas organizaciones sindicales piden la reapertura de las negociaciones paritarias para negociar un aumento salarial, dado que la inflación ya licuó el último aumento otorgado en marzo por la Provincia.

 

A simple vista, la decisión gubernamental puede desencadenar una nueva serie de huelgas docentes, seguramente impulsadas por uno de los sectores sindicales más combativos pero con buena llegada al gobierno nacional, como lo es Suteba-CTA Provincia.

 

“Si están planificando un ajuste lo que van a encontrar de este lado es confrontación”, arremetió el barbado gremialista Roberto Baradel. “No vamos a permitir que haya recortes ni en educación ni en salud ni en desarrollo social”, amenazó.

 

Desde el Ejecutivo señalan que los ausentismos, en muchos casos, van acompañados de un escandaloso sistema de licencias (¿será verdad que algunos docentes piden licencia argumentando malhumor?). “Hasta el ex dirigente piquetero Luis D’Elía –actual espada K– cobra sin trabajar por una orden técnica que se tramita administrativamente en Educación”, revelan.

 

En ese esquema se inscriben otras situaciones vinculadas con miles de casos de personal docente que, con antigüedad y edad más que suficiente como para iniciar el trámite jubilatorio ante el Instituto de Previsión Social (IPS), se resisten a ese mecanismo.

 

El titular de ese organismo, Mariano Cascallares, por indicación del gobernador, apura el mecanismo de “Jubilación Ejecutiva” buscando agilizar trámites en el IPS.

 

Acortar los tiempos en los trámites jubilatorios y eliminar la inseguridad económica durante la transición –la jubilación rápida permite continuidad en el pago mientras dura el trámite definitivo– es uno de los objetivos incorporados en el plan de Modernización del Estado con relación al otorgamiento de jubilaciones y pensiones en la provincia.

 

De todos modos, todas estas medidas de ahorro y de achique de gastos que se impuso la gestión de Scioli –como por ejemplo, la postergación de obras públicas y posponer el pago con bonos a proveedores– puede tener otras consecuencias.

 

Entre los potenciales problemas coyunturales, anotan dificultades económicas con los beneficiarios de los planes sociales o con los alumnos que asisten a comedores escolares y particularmente en el área de Salud, por la falta de insumos médicos hospitalarios como el que se registra en Bahía Blanca.

 

Un poco de todo eso evaluó Scioli en las últimas horas junto a su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y los ministros Batakis (Economía), Martín Ferré (Desarrollo Humano), Alejandro Collia (Salud) y la directora general de Cultura y Educación, Silvina Gvirtz.

 

En medio de un clima de paz tensa que rodea a la Casa Rosada y la gobernación, desde el oficialismo K pronostican la caída de nuevas tormentas sobre la superficie institucional, por las políticas que en el área de Justicia y Seguridad provincial despliega el ministro Ricardo Casal.

 

Precisamente, el accionar delictivo como eje central de las preocupaciones de la ciudadanía bahiense fue el asunto que el intendente Gustavo Bevilacqua le planteó primero a Casal y después al secretario nacional de Seguridad, Sergio Berni, tras una gestión puntual del vicegobernador Gabriel Mariotto.

 

El alcalde local llegó días atrás a La Plata procurando aceitar su sintonía política con Mariotto, durante una reunión de la que también participó el secretario legislativo del Senado y exfuncionario de PAMI bahiense Luis “Luly” Calderaro y la senadora Diana Larraburu.

 

Además, Mariotto se interiorizó sobre el sistema de transporte público de pasajeros después de que Bevilacqua decidiera quitarles la concesión a las empresas Plaza y Mayo, por las deficiencias en la prestación del servicio en nuestra ciudad.

 

Pero, antes de la despedida, el vice K y el intendente evaluaron el alto impacto político que podría darse si la intendencia de Bahía Blanca resolviese “municipalizar” el servicio de recolección de basura domiciliaria, dando por concluida la concesión y, por ende, la no renovación del contrato de la empresa Covelia S.A.

 

En otras esferas kirchneristas del oficialista Frente para la Victoria-PJ, dijeron que al intendente interino Bevilacqua, el ministro Casal –además de haberle explicado que la ciudad se mantiene dentro de los parámetros habituales según “el mapa del delito”– le habría reprochado no venir nunca hasta La Plata para formalizar planes que puso en marcha el ministerio de Seguridad para municipios como Bahía Blanca.

 

Ese es uno de los tantos síntomas de la interna dentro del oficialismo K. En la víspera, Bevilacqua justificó su ausencia en el acto del lunes último de Scioli en Coronel Suárez con casi todos los intendentes de la región, porque “en vez de ir a aplaudir, mejor es trabajar”, dijo. Otro botón de muestra de que el gobierno nacional no quiere a intendentes “aliados” acatando ninguna disposición del elenco ministerial de la Provincia.

 

Ricardo Salas/”La Nueva Provincia”

 

la necesaria renovacion del modelo sindical argentino
la amenaza ultra, el dilema de biden, el rol de la prensa y el espejo roto del peronismo

También te puede interesar