No sin esfuerzo, el gobernador Daniel Scioli logró, con escaso combustible, y en la última curva del tradicional receso invernal, retomar, al menos parcialmente, la iniciativa política y deslizarse en su objetivo de taponar los “títulos negativos” de una agenda cotidiana que durante varias semanas reflejó la estructural crisis financiera de la Provincia.
En rigor, tanto la gobernación como la Casa Rosada, parecen haber coincidido en la necesidad de extinguir del escenario el cortocircuito político-económico.
Como botón de muestra, y en un nuevo intento por neutralizar las averías internas, el gobernador volvió a subrayar que con la presidenta CFK mantiene una buena relación, y hasta reveló que jamás tuvo dudas de que la Nación iba a asistir a la Provincia para completar el pago del medio aguinaldo de los empleados públicos, tras la larga saga de protestas en La Plata con gremios estatales, dirigentes de la oposición e incluso referentes del propio oficialista Frente para la Victoria-PJ.
Esa relación de tirantez recrudeció entre Cristina Fernández de Kirchner y Scioli, después de que el gobernador confesó sus aspiraciones presidenciales para 2015.
“La decisión que tomó la presidenta de otorgarle este último préstamo y la habilitación para poder imprimir bonos para pago a proveedores tiene que ver con que se ha medido en las encuestas y no le está dando favorablemente su pelea con Scioli. La gente responsabiliza a Cristina de los problemas de la Provincia”, explican desde el entorno del dirigente opositor Francisco De Narvaéz.
Pero, según estiman portavoces del oficialismo K, además del problema de la inflación, el gobierno nacional también empezó a sufrir problemas de caja financiera. En un futuro no muy lejano, eso puede potenciar el malhumor social.
Apremiado por el déficit fiscal, Scioli atravesó varios días difíciles hasta poder anunciar que con el depósito del préstamo de 600 millones de pesos provenientes de la ANSES, más los recursos bonaerenses propios señalados por el Jefe de Gabinete Alberto Pérez, se lograba cancelar durante esta semana las remuneraciones correspondientes a los sueldos de junio y al SAC, por la suma de 7.100 millones de pesos. Pero tras dicho empréstito presidencial, y ante la aguda crisis financiera e institucional en la que está inmersa la provincia de Buenos Aires, no pocos actores legislativos de la oposición ya siembran dudas sobre cuál será la proyección económica de la administración Scioli hacia fin de año.
A tal punto llegó el debate en torno a temas financieros que inclusive, dicen, provocó que la Provincia haya cajoneado “hasta nuevo aviso” la difusión de un nuevo ajuste en las tarifas de las empresas prestatarias del servicio de energía eléctrica.
El ventilado proyecto kirchnerista de “estatizar” el juego en la provincia demuestra también que la “pacificación política” entre la gobernación y la Casa Rosada sigue con pronóstico inestable y con posibilidad de chaparrones.
Es que, mientras Scioli avanzaba con el reciente decreto que establece la prórroga por hasta 15 años en la concesión de las salas de bingo procurando conseguir dinero fresco, el vicegobernador Gabriel Mariotto mostró su desacuerdo en público.
“Tenemos miradas filosóficas diferentes sobre distintas áreas de acción gubernamental –por ejemplo, prorrogar la licencia a los bingos a cambio de un canon exiguo o las políticas penitenciarias y de seguridad–, pero eso de ninguna manera significa querer desestabilizar a nadie”, aclara el vice, aunque en principio no parece incomodarlo seguir apareciendo ante la opinión pública como “el malo de la película”, por supuestas “operaciones de prensa” en su contra.
A modo de advertencia, Mariotto deslizó ante sus íntimos del Senado que “hay varios proyectos en la Legislatura para debatir”. Uno de ellos es el proyecto del diputado Mario Caputo (exvocero del ministro del Interior, Florencio Randazzo), impulsado para darle un nuevo marco normativo integral que incluya la estatización del funcionamiento, control y manejo de todas las salas de juego y bingos de la provincia, como respuesta a la prórroga que el gobernador acaba de brindar a las licencias de los bingos que expiran entre 2013 y 2015.
Scioli estableció que el 5 por ciento del pago extraordinario que efectuarán los bingueros por la renovación directa de sus licencias por 15 años –que implica un monto total del orden los 1.650 millones de pesos– será girado a las intendencias municipales.
“Lo primero que debe ejecutar el peronismo kirchnerista, si quiere tener autoridad moral en este tema –impulsar la estatización del juego en el mapa bonaerense– es el traslado a Río Gallegos del barco/casino propiedad del zar del juego K, Cristóbal López, que se encuentra en Puerto Madero, y de esta manera que los funcionarios que se han enriquecido desorbitadamente, junto a los engordados sindicalistas de la era menemista ahora amigos del poder, continúen la fiesta de la timba en su propio territorio”, exteriorizó el bloque de diputados del Frente Amplio Progresista.
El kirchnerismo dogmático mantiene con el gobernador una “discusión política” a partir de “miradas opuestas” sobre la problemática provincial. Es en ese contexto donde los “cristinistas” pretenden fiscalizar cómo se administra mejor el dinero aportado desde el Estado nacional, y las cuestiones impositivas que debería aplicar Scioli.
El sciolismo, a través de la ministra de gobierno Cristina Álvarez Rodríguez, le sugirió al vicegobernador que cumpla con su rol institucional en lo que hace a la naturaleza de su cargo. En otras palabras, que trabaje y respalde desde la Legislatura la gestión de Scioli y no adopte un perfil opositor.
“Lo que parece no querer observarse desde los amplios ventanales de la gobernación es que Mariotto le prestó aproximadamente 80 millones de pesos del Senado a la tesorería de la Provincia, en momentos que Scioli rascaba el fondo de la olla en procura de obtener recursos para completar el pago del aguinaldo a los estatales”, dicen en las diagonales platenses.
Mientras calientan motores para volver a la pista legislativa tras las dos semanas del naturalizado receso invernal, todo parece indicar dentro del microclima político que la rispidez en el oficialista FpV-PJ tendrá nuevos capítulos en el edificio ocupado por senadores y diputados.
Ambas cámaras podrían ser escenarios de nuevos frentes de tormenta, a partir de las heridas abiertas entre referentes del ultrakichnerismo y del sciolismo, básicamente por la administración de los recursos en la Provincia.
Pero, además, hay otros temas en agenda que pueden generar desinteligencias en el oficialismo. Entre ellos, la difusión, prevista para los primeros días de agosto, del informe de la Comisión Especial creada en el Senado a instancias del kirchnerismo sobre la investigación del crimen de Candela Rodríguez, donde se denunciarán responsabilidades políticas del Ejecutivo en las irregularidades detectadas en la causa.
“Hoy está más o menos claro que en la política hay dos actores protagónicos, algunos pocos de reparto y miles y miles de extras y aplaudidores”, aportó desde las redes sociales el senador sciolista Alberto De Fazio.
Desde hace unos días, Scioli estrenó una agencia estatal de noticias propia. La Agencia Digital BA está a cargo del secretario provincial de Comunicación Pública, Juan Courel. Según se indicó, el objetivo pasa por cubrir la gestión del gobernador y será un espacio que “contribuirá a la pluralidad de voces”. Como dato de color, en los primeros diseños se destacaba la estética de tonalidad naranja que identifica a la administración Scioli; pero parece que tras los enojos de la Casa Rosada, poco a poco, el “naranja” estaría mutando a tonos del “celeste y blanco”, en sintonía con la gama que identifica a la gestión K.
Después de las cuestionables modificaciones vigentes en la Provincia a partir de la nueva ley tributaria sancionada por la Legislatura, los ministros de Scioli procuran iniciar una etapa de reconciliación con las entidades agropecuarias.
No en vano la ministra de Economía, Silvina Batakis, y su par de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, intentan con este tipo de gestos políticos espantar cualquier escenario de tensión coyuntural que pueda generarse a partir de discusiones tributarias o de reglamentaciones. Prometen, además, intentar corregir, de ser necesario, cualquier tipo de distorsión que ponga en riesgo la sustentabilidad de los productores.
También se reafirmó la intención de mantener las consideraciones tributarias para la región del Sudoeste bonaerense, alcanzada endémicamente por severos cambios climáticos.
Pero además, el ministerio de Asuntos Agrarios decidió seguir recibiendo en su sede platense a intendentes de la Sexta, como días atrás lo hicieron Jabier Garcés –Patagones–, Alejandro Corvatta –Pigüé– y David Hirtz –Adolfo Alsina–, en función de promocionar y potenciar proyectos productivos o microemprendimientos agropecuarios que aporten valor en origen dentro de la región del Sudoeste.
(*) Ricardo Salas es columnista en La Nueva Provincia