Fuentes parlamentarias aclararon que esta semana se está trabajando para diagramar un esquema de trabajo conjunto entre las comisiones pertinentes de las cámaras de Diputados y Senadores –Legislación General; Seguridad; Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales y Acuerdos-.
Pero también existe una cuestión de fondo acerca de los cambios a aplicar en la iniciativa oficial. En el sciolismo buscan frenar los impulsos de varios de los cambios que fueron planteados en los foros, al considerar que “desvirtúan” el proyecto enviado por el Gobernador. Desde el kirchnerismo, en cambio, buscarán cambiar algunos de los puntos nodales del proyecto, a caballo de las opiniones recogidas en las consultas públicas.
En suma, existen tres puntos que se cuentan entre los más discutidos del proyecto: de quién dependerá la fuerza, el modo de selección de los directores del cuerpo y la inclusión o no de ex integrantes de la Policía Bonaerense.
Sobre la primera cuestión, los legisladores más cercanos a Gobernación pretenden que la responsabilidad del nuevo cuerpo recaiga sobre la Procuración General de la Corte –conducida por María del Carmen Falbo-, ya que indican que la propia Constitución indica que la Policía Judicial se constituye con auxiliar de los fiscales. El kirchnerismo, por su parte, apoyaría la posición de la Comisión por la Memoria, que pretende que el cuerpo dependa directamente de la Corte.
En cuanto al segundo punto, el modo de selección propuesto, la CPM impulsa el mecanismo de audiencia pública para la elección de los directores del cuerpo, así como también la eliminación de excepciones de ingreso al cuerpo y la realización de concursos para todos los cargos.
Entre los acuerdos se contaría el cambio del nombre mismo de la fuerza: varios organismos criticaron que el cuerpo lleve el nombre de “Policía Judicial”, por la relación “simbólica” que tendría con la Bonaerense y proponen alternativas tales como “Cuerpo de Investigadores Judiciales” o “Agencia de Investigaciones Complejas”.
También se estudia recuperar la creación del Observatorio Legislativo, un cuerpo integrado por diputados y senadores que “controle la reglamentación e implementación de la ley”, según pidió el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín.