El proyecto de Nazabal plantea una reforma a la ley 13.074 de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, impidiendo el ingreso a la función pública a quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias, tal como lo estipula el Código Civil, destinadas a menores, ancianos o enfermos.
La modificación también establece que “se deberá requerir al Registro de Deudor Alimentario el informe correspondiente con el libre deuda registrada respecto de las designaciones de Jueces; Senadoras/es; Diputadas/os; Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Organismos, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
Al respecto la diputada de Lanús sostuvo que “con esta modificación buscamos avanzar en el objetivo de inculcar la importancia del cumplimiento de de las obligaciones alimentarias asumidas”, y agregó: “es una prioridad garantizar los derechos de aquellos que se encuentran en un estado mayor de indefensión, como los niños y niñas”.
Uno de los casos más resonantes respecto a este tema, parte de la denuncia de la mujer de un fiscal, que desde hace cuatro años reclama el derecho de sus dos hijas a recibir la cuota de alimentos.