Con un conflicto gremial de más de un mes, que paraliza toda la actividad en los Tribunales de la Provincia, el titular de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, firmó la resolución el domingo, a horas del inicio de una nueva jornada de medidas de fuerza convocada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), en el marco del conflicto salarial que mantiene con el Gobierno provincial.
La AJB realizará este lunes asambleas en las 18 Departamentales que volverán a afectar el funcionamiento de los Tribunales y el martes convocaría a un nuevo paro.
La resolución establece “asegurar la atención en mesas de entradas, que deberán permanecer abiertas durante toda la jornada judicial. En el caso de que los empleados no presten funciones, los funcionarios y el propio titular deberán estar a disposición de los abogados para su atención” y ordenó adoptar medidas para que se reciban todos los escritos, cédulas, mandamientos y oficios.
Del mismo modo, pidió a los magistrados a que “extremen los recaudos” para realizar todas las audiencias fijadas y encargó a las Cámaras de Apelación Departamentales “el control efectivo” de esas medidas.
La resolución firmada por De Lázzari, en los hechos, recoge las disposiciones contempladas en el fallo dictado por la Jueza Correccional Nº1 de La Plata, Miriam Ermilli, quien el viernes pasado hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Colegio de Abogados bonaerense y ordenó “garantizar la prestación del servicio de Justicia”, afectado por las medidas de fuerza gremiales.
El conflicto salarial que entre la AJB y el gobierno provincial, afecta a los tribunales desde hace más de un mes e incluye dos o tres jornadas de huelga por semana, sin diálogo entre las partes por el decreto para pagar el incremento salarial rechazado por los judiciales del 21% para los jueces y del 24 al 26% para el resto de las categorías.
Además, los judiciales reclaman la recuperación de la porcentualidad salarial, que engancha los sueldos de los empleados con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte.
La Provincia rechazó la firma de un acuerdo para ir restituyendo en forma paulatina la porcentual, por considerar que no está en condiciones de erogar cerca de 2.500 millones de pesos para atender esa demanda.