El recibo de sueldo que percibieron este mes los senadores y diputados nacionales llegó con un aumento del 100%, lo que significa que los legisladores cobraron entre $30.000 y $35.000. La suba se concretó a raíz de una resolución firmada por los presidentes de ambas cámaras, Julián Domínguez y Amado Boudou. La decisión generó voces a favor y en contra entre los mismos beneficiados. La CGT, no dejó pasar la oportunidad y salió al cruce de la medida dejando entrever que esperan que este aumento sea referencia para el resto de las paritarias. “¿Este aumento del 100% para diputados y senadores será referencia para el resto de las paritarias?”, disparó Julio Piumato.
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El ascenso se concretó después de aprobarse el presupuesto del congreso de 45% más que el año pasado y gracias a la firma de los respectivos presidentes de una resolución bicameral. Si bien ahora se puede escuchar públicamente a muchos legisladores rechazando la medida, puertas adentro venían denunciando desde hace tiempo un atraso en sus dietas.
Hasta diciembre del año pasado un senador o diputado nacional cobraban un ingreso neto mensual de 15.000 a 17.000 pesos, a lo que sumaban el paquete de pasajes aéreos y terrestres para movilizarse a la Capital, además de otros beneficios, como el de desarraigo. La cifra es similar a las que cobran sus pares de algunas Legislaturas provinciales, aunque éstos no afrontan los pagos de alquiler y gastos que demanda la estadía en la Capital, como sucede con los diputados y senadores nacionales.
Al momento de dar sus razones el presidente de la cámara baja dijo “Las dietas estaban increíblemente deprimidas. No es posible que un diputado o un senador de la Nación gane menos que un secretario del Poder Ejecutivo. O, peor aún, que un empleado jerárquico del Congreso”.
En los detalles de la resolución se especifica que el ingreso de un legislador debe ser un 20% superior al del máximo cargo de dirección de los empleados del Congreso; así, se garantizó que ningún legislador cobrara menos que un empleado parlamentario.
En la misma disposición se dispuso una reducción del 21% en el beneficio “por desarraigo” -monto incluido en la dieta que reciben los legisladores del interior-, pero se mantuvo intacto el cobro de pasajes (20 tramos aéreos y otros 20 terrestres por legislador) para movilizarse desde y hacia la Capital.
