En los últimos tiempos el negocio de la seguridad privada con servicio de monitoreo, alarmas y demás avances tecnológicos aplicados a la cuestión ha crecido a pasos agigantados, proliferándose de manera exponencial, no sólo en todo el territorio bonaerense sino también en el resto del país. En el mercado existen varias empresas prestadoras del servicio, como lo son ADT, SSP, Prosegur, USS, Lo Jack y un sinfín más. Todos ofrecen un servicio similar en el cual la casa no solamente cuenta con servicio de alarma sino que también se brinda un servicio de monitoreo, con un contacto inmediato con la comisaría más cercana para poder trabajar en conjunto, y demás.
Para enamorar potenciales clientes, desarrollan técnicas de venta por lo general estridentes, por momentos fatalistas, en donde los equipos de venta están entrenados para enumerar una serie de recomendaciones acerca de cómo prevenirse ante hechos delictivos. Quienes han escuchado estas “enseñanzas” comentan que, entre otras, se escuchan: “que un integrante de la familia baje primero, que enciendan la luz, que siempre se quede alguien en el auto vigilando, que abran la puerta, que den una vuelta a la manzana antes de entrar al hogar, que siempre traten de volver a horas distintas para que no se instale una rutina, que siempre tengan el teléfono a mano”.
Así, uno se entera día a día de “nuevas modalidades de delito”, en donde aparecen por ejemplo “las entraderas”, entre varias más, lo cual genera indudablemente en el potencial cliente una sensación de inseguridad aún mayor a la que lamentablemente muchos sienten cotidianamente producto de acontecimientos y hechos que son de público conocimiento.
Lo curioso es que al momento de vender finalmente el paquete, la competencia es feroz entre las distintas empresas dedicadas a esto. Se ofrecen descuentos y hasta servicios asociados a bancos. Y al momento de ofrecerte los servicios, algunas empresas –como es el caso de Prosegur- garantiza el servicio de instalación de la tecnología GPRS para ubicación vía chip de celular “sin ningún tipo de restricción ni demora”, ya que ellos “tienen el stock que las otras empresas no tienen, producto de las restricciones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno”.
Ahora bien, las quejas posteriores de los clientes se multiplican, porque aseguran que llamativamente, luego de finalizado el proceso de instalación de alarmas, la empresa informa que surgen problemas imprevistos, ya que no disponen de ese stock. “Le echan la culpa a Moreno una y otra vez”, comentaron tres familias que dicen estar “perjudicadas” por “trámites y mucha espera”, desde que comenzaron con la idea de adquirir el servicio de seguridad privada.
Las conclusiones son claras, y hasta se puede hablar de “aprovechamiento de la situación”, en el marco de una realidad complicada que hoy en día tiene a la inseguridad como uno de los temas –sino el mayor- más sensibles de la sociedad. A esta difusión y ahondamiento de la inseguridad en el discurso de las empresas de seguridad privada, con una bajada de línea directa en donde se le adjudica la responsabilidad de la situación a los distintos gobiernos, se le suma también “las restricciones y perjuicios que nos generan las políticas económicas de Moreno”.
En definitiva, el servicio en muchas ocasiones no termina por completarse, porque la espera se hace eterna y los clientes desisten de seguir adelante con el trámite. Es que curiosamente, una vez instaladas las alarmas –y a la espera del segundo paso consistente en la profundización de la tecnología prometida-, se exponen las trabas con soluciones que no están al alcance de sus manos y a partir de allí se genera un círculo que no tiene salida para el cliente, ya que “no nos atienden más ni nos resuelven los reclamos”, o “tardan mucho en brindar respuestas y la instalación queda a medias”. Mientras tanto, la rueda sigue girando y el negocio, paradójicamente, crece con el correr de los días.
