Este martes, se reunirá en el Senado para expedirse sobre si tiene entidad o no la denuncia y si se iniciaría el jury contra los magistrados.
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Este martes, se reunirá en el Senado para expedirse sobre si tiene entidad o no la denuncia y si se iniciaría el jury contra los magistrados.
La denuncia que dio origen al posible jury por la presunta comisión de delitos y faltas en sus funciones, en el marco de la investigación por el caso conocido como “el triple crimen de los policías”, plantea que “durante más de cinco meses hubo una absoluta inactividad de los fiscales en la causa”.
El abogado Alejandro Montone fue quien la presentó y además representa otra demanda civil, en representación de Raúl Barnes, detenido en el marco de la causa. La demanda es por una suma cercana a los 700.000 pesos contra el juez Melazo y los dos fiscales por “daños y perjuicios”.
La investigación sobre la que se fundan los pedidos de jury es en relación al asesinato de los policías Alejandro Vatalaro, Ricardo Torres Barboza y Pedro Díaz, cometido en septiembre de 2007 en la Planta Transmisora que el Ministerio de Seguridad posee en 7 y 630, donde los efectivos estaban de guardia.
Según la denuncia, Melazo ordenó en esa causa “medidas de instrucción previamente acordadas con el fiscal Romero y así, lejos de custodiar la efectividad de la regulación del debido proceso, se arrogó funciones propias y exclusivas del ministerio público, ya que es éste el que debe promover y ejercer la acción penal”.
“La conducta desplegada por el juez Melazo habría incurrido en el tipo penal que reprime con pena de prisión e inhabilitación al funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”, continúa.
Sobre el fiscal Romero, el denunciante sostuvo que “en absoluta violación al principio acusatorio, acordó con el juez de Garantías la realización de medidas de prueba y delegó en él su ejecución, cuando el bloque legal no le atribuye esa capacidad”. El denunciante consideró que de esa forma habría cometido “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”.
En relación al testigo que obtuviera la filmación de Marcos Casetti (el ex policía detenido en la causa), Romero, “en forma insólita e injustificada, decidió dejar sin efecto la reserva de su identidad, quien quedó a partir de ese momento absolutamente desprotegido y en serio riesgo de muerte”.
Para el denunciante, Melazo “dispuso arbitrariamente de sus poderes discrecionales con un fin diverso al que persiguen la Constitución y los Pactos Internacionales en cuanto a la protección y a la seguridad de los testigos, apoyando en un todo a los fiscales en su intento de mantener la hipótesis del móvil de la droga y en desechar cualquier otra”.
Foto: Diagonales Web