En ese sentido, el encargado de la cartera de Justicia afirmo que el acceso a la educación “permite a los internos construir un proyecto de vida para cuando recuperan la libertad”, y aseguró que el 74% de la población penal federal cursa estudios formales y que la reincidencia cae a cero en los internos que obtienen título de grado universitario.
A continuación, indicó que con la habilitación de estos institutos, que funcionan en las unidades penales IV de Mujeres y I de Varones, el Gobierno nacional “avanza un paso más en la profundización de una política penitenciaria basada en la convicción de que el acceso a la educación supone la ampliación de derechos y oportunidades para las personas privadas de la libertad en beneficio de la construcción de un proyecto de vida que les permita, en el futuro, insertarse plenamente en la vida comunitaria y, de esa manera, evitar la reincidencia en el delito”.
Más tarde, Alak aportó datos sobre los resultados de esta política: “En condiciones de alojamiento adecuadas, sin el problema –superado hace cuatro años- de la superpoblación, durante el primer semestre de 2012 cursó estudios en las unidades penitenciarias federales el 73,9% de los 9.746 internos”, de acuerdo al siguiente detalle:
Educación formal:
Educación no formal:
“Estos datos constituyen el valor más alto de América Latina y tienen un altísimo impacto positivo en el índice de reincidencia en el delito, que, por ejemplo, es del 0% en quienes egresan con un título universitario”, detalló el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Y resaltó que “por eso decimos que la resocialización plena de las personas privadas de la libertad, que es el fin principal de las políticas penitenciarias del Estado nacional, no sólo supone un gran logro para los involucrados directos en ese proceso virtuoso, sino también para el conjunto de la población, en virtud de que la baja de los niveles de reincidencia es fundamental para construir una sociedad cada vez más segura y pacífica”.
Del acto celebrado esta mañana participaron, además de Alak y Sileoni, las subsecretarias de Asuntos Penitenciarios, Laura Lopresti, y de Planificación, Ana Casal, y el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.