En consonancia con lo anunciado por el Gobernador Daniel Scioli durante la apertura de la asamblea legislativa 2012, la iniciativa busca fortalecer el funcionamiento de la defensa pública en territorio bonaerense y asegurar la independencia técnica de los defensores oficiales.
El diputado Lorenzino, en conversación con Cadena Music, explicó que lo que se propone es “readecuar las atribuciones del Procurador y Subprocurador General, con el objeto de fortalecer la autonomía funcional de la Defensa, respetando a la par la estructura del Ministerio Público impuesta por nuestra Constitución provincial”.
En el sistema actual, de acuerdo lo normado por el art. 189 de la Constitución Provincial, existe un Ministerio Público encabezado por el Procurador General, del cual dependen tanto los fiscales como los defensores, que están subordinados hoy a una misma y única autoridad.
“El modelo previsto en el presente proyecto de ley busca mantener la unidad del Ministerio Público en cabeza del Procurador General como lo establece la Constitución provincial, pero separar la estructura funcional de los fiscales de la de los defensores”, dijo el funcionario.
El proyecto establece que el Procurador tenga bajo su órbita la administración general del organismo, y la dirección funcional de todos los fiscales, y que el Subprocurador General, tenga a su cargo todas las funciones inherentes al ejercicio del servicio de defensa pública.
Para Lorenzino, “la aprobación de la norma constituiría un paso fundamental para seguir cumpliendo con las propuestas del Gobernador de la Provincia”.
Por otro lado, el diputado provincial habló sobre la creación de una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo destinados a la prevención de la tortura y otros tratos crueles en contextos de encierro.
“La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo creado por ley y se financia con ingresos públicos, y el objetivo es que se controle el accionar del estado provincial con todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos. En el caso puntual del ámbito que creó el Gobernador para prevenir la tortura en el Servicio Penitenciario, nos parece que la facultad que ha tenido es la de crear un ámbito dentro del Gabinete con distintas áreas que nos permitan ir corrigiendo aquellas cuestiones que excedan el marco normal de las convivencia de un detenido dentro del sistema”, dijo Lorenzino.
Además, agregó que la CPM “no se puede arrojar ser el único organismo capaz de monitorear cualquier cuestión dentro de la provincia y menos dentro del proyecto de ley que estaba en tratamiento con media sanción en el Senado, que a nuestro entender se arroga facultades ejecutivas de quitar el cupo carcelario que es una política indelegable del poder ejecutivo que distribuye los detenidos que tiene el sistema que tiene la provincia”.
Al mismo tiempo, y en respuesta a la sorpresa del senador camporista Santiago Carreras por la iniciativa de Scioli, el funcionario sostuvo que “se lo hemos manifestado a él que como está redactado el actual proyecto de ley, viola una facultad que es del poder ejecutivo como la de quitar el cupo carcelario. No puede un organismo como la CPM tener la facultad ejecutiva y relegar el poder ejecutivo las facultades de fijar la política penitenciaria”.
“Me parece que lo que tiene que hacer la CPM es que haya ámbitos consultivos con participación de la comunidad donde uno monitoree, controle, regule o emita opiniones, pero no fijar una decisión del Ejecutivo en términos de las condiciones, del ámbito de la información de la cantidad de detenidos que tiene que haber en las unidades penitenciarias; me parece que eso realmente excede una competencia de contralor y es una facultad netamente ejecutiva, por eso tenemos una oposición a ese proyecto”, finalizó.