“El Estado sólo aplica sanciones económicas y administrativas a las empresas que no representan ninguna amenaza para los involucrados en estas acciones”, manifestó la diputada a un medio nacional y agregó que “debería crearse algún recurso penal que juzgue a las compañías farmacéuticas, funcionarios y profesionales de la salud que participan de la realización de investigaciones médicas”.
Asimismo, Schmidt-Liermann sostuvo que “es fundamental que los legisladores asumamos el compromiso de trabajar de manera urgente en la ley nacional de Investigación Biomédica”. Consideró también que “todo tipo de delito o acto de corrupción vinculado con la salud debería ser equiparado con delitos de lesa humanidad, para que no prescriban con el paso del tiempo y de esta manera no queden impunes”.
“El centro de esta cuestión no es si la vacuna tiene objeciones, sino la maniobra delictiva que se instrumentó para lograr la aprobación de los pacientes. Es aberrante la conducta de quienes se abusaron de la inferioridad de condiciones de padres que no pueden comprender el alcance de lo que están suscribiendo, para obtener los consentimientos y realizar los estudios”, finalizó la diputada.