Axel Kicillof va a la Corte confiado en que Milei tendrá que devolverle los fondos previsionales
El gobernador estará presente el 21 de abril en la audiencia ante el máximo tribunal. En La Plata esperan un acuerdo o una cautelar que fuerce a la Nación a pagar.
Axel Kicillof vs. Javier Milei por la licitación de las rutas
Axel Kicillof se sentará el martes frente a representantes del gobierno de Javier Milei en la Corte Suprema para negociar la devolución de $2,2 billones que ANSESdebe al sistema jubilatorio bonaerense. Es la segunda audiencia en esta causa y el gobernador confía en que después de esta instancia, Nación tendrá que devolverle los fondos.
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La presencia del gobernador en la audiencia junto al equipo de abogados de la provincia es una señal clara sobre las expectativas con que el gobierno bonaerense llega a la cita del 21 de abril por los fondos jubilatorios, eje de una de las ocho demandas de Buenos Aires contra Milei. Kicillof confía en que el tribunal le va a exigir a Nación que justifique por qué cortó las transferencias y le ordenará que empiece a devolverlas.
Pulseada con la Casa Rosada
El conflicto se inició en marzo de 2024, cuando Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde entonces, Buenos Aires no recibió un peso por ese concepto. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a $2,2 billones.
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Lo que pasó en la primera audiencia refuerza la confianza del gobierno bonaerense. Cuando ANSES argumentó que no tenía información suficiente para calcular las transferencias adeudadas, la Corte no lo aceptó como justificación válida. Le dio 30 días para que verificara si realmente le faltaba información o si la Provincia ya se la había mandado. La carga de la prueba cayó sobre Nación. Al día siguiente de esa audiencia, el gobierno dispuso un cambio en la cúpula del organismo previsional.
DesdeLa Plata, la lectura es que el gobierno de Milei no tiene ninguna justificación legal para haber suspendido las transferencias a Buenos Aires. Los acuerdos previsionales que Nación cerró por estas estas semanas con Santa Fe y Chubut -$120 mil millones en cuotas para Maximiliano Pullaro, $48 mil millones para Nacho Torres- son, en la visión del equipo jurídico bonaerense, movidas estrictamente políticas, que nacen de una lectura de la Casa Rosada sobre la olla a presión en que se convirtieron las provincias. Pero en ambos casos, la presión judicial fue la que desbloqueó la negociación.
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El mecanismo que se discute en la Corte es complejo, pero para el gobierno bonaerense no tiene dobles lecturas. ANSES debe calcular cuánto le hubiera correspondido cobrar a un jubilado bonaerense si el sistema previsional se hubiera transferido a Nación, y girar esa diferencia a la Provincia. Desde 2024, esos giros se interrumpieron por decreto. Los $2,2 billones que reclama Buenos Aires son el monto actualizado de lo adeudado desde entonces.
Los caminos de la Corte Suprema
Independientemente de lo que pase en la audiencia, el proceso judicial sigue su curso. Después del 21 viene el traslado formal de la demanda y el pedido de medida cautelar, un mecanismo que le permitiría a la Corte ordenarle a Nación que pague mientras se resuelve el fondo de la causa. En La Plata confían en que ese es el camino más probable: un acuerdo negociado o una cautelar que fuerce a Nación a enviar los fondos.
La audiencia del 21 es la más avanzada de las ocho demandas que la Provincia le abrió al gobierno nacional en menos de tres años. Las otras siete (por el Fondo de Seguridad, el FONID, el transporte, el Fondo del Conurbano y otros reclamos) siguen sin fecha ni señales de avance. Buenos Aires insiste en todas, pero sabe que el único frente con horizonte concreto es el previsional.
En ese marco, la Provincia decidió por estas semanas no pedir ser incluida en los adelantos de coparticipación que Nación habilitó para doce distritos. Nadie se lo ofreció tampoco, confirmaron desde el gobierno provincial. La apuesta sigue siendo la misma: que la crisis que se derrama por provincias y municipios de todo el país y la presión del máximo tribunal hagan el trabajo.