Los dos exempleados del diputado por Salta Emiliano Estrada (Unión por la Patria) fueron condenados en un juicio abreviado a la pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública por la campaña que hicieron en redes sociales siguiendo las órdenes del legislador, según la investigación judicial.
La causa contra Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand se inició a partir de una investigación de oficio por parte de la Fiscal de Ciberdelitos del MPF, Sofía Cornejo Solá, tras la viralizacion de múltiples videos difamatorios contra empresarios, periodistas y políticos hechos a pedido de Estrada por quienes fueran sus empleados en el Congreso.
La investigación demostró la existencia de una operación de creación y gestión de cuentas en redes sociales, cuya finalidad habría sido hostigar y difamar a figuras políticas, periodistas y empresarios de Salta.
Los registros incluyen capturas de pantalla con indicaciones precisas sobre a quién atacar, destacando a figuras como el gobernador Gustavo Sáenz, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros; la diputada Pamela Calletti y el diputado provincial Víctor Lamberto. También se detectó que, para desviar sospechas, se instruyó la publicación de videos críticos contra el propio Estrada y su entorno, con el fin de confundir y evitar que se lo vinculara directamente con las maniobras. Estrada siempre negó su participación en los hechos.
La investigación y los fueros
Estrada no fue indagado e imputado, ya que se amparó en los fueros parlamentarios que posee hasta diciembre próximo, cuando finaliza su mandato en la Cámara de Diputados. Por esta razón, la investigación no profundizó en su responsabilidad penal como ideólogo del delito cometido por sus subalternos. Mientras tanto, la causa que lo tiene como protagonista y que pasó a la Justicia Federal no avanzó mucho más.
A Estrada se le atribuye la apertura de una cuenta denominada El Desenmascarador, creada en 2024 y utilizada para divulgar rumores. Luego, la estrategia se amplió con la creación de una cuenta apócrifa similar a la de InformateSalta, para darle mayor credibilidad a la campaña de noticias falsas.
Los domicilios de Arias y de Allemand fueron allanados -no así el de Estrada- secuestrándose teléfonos y computadoras. Ambos asistieron a todas las audiencias y prestaron testimonios que señalaron al diputado Estrada como el instigador y quien daba las órdenes para la realización de ese material ofensivo y difamatorio.
En virtud del juicio abreviado celebrado ante el Juzgado de Garantías de 7ª Nominación a cargo del juez Pablo Zerdan, los dos exempleados de Estrada fueron condenados y además inhabilitados por un año a ejercer cargos públicos. Ambos eran parte del personal del Congreso al momento de los hechos.