Ante el juez Sebastián Casanello, la exinterventora defendió la contratación de HTech, que recibió más de $266 millones por servicios informáticos.
La investigación sobre OSPRERA sumó un nuevo capítulo con la declaración de la exinterventora Virginia Montero, quien defendió ante el juez Sebastián Casanello la contratación de una empresa informática vinculada a un exsocio de Martín Menem. Ante la Justicia, la exfuncionaria sostuvo que la decisión respondió a la crisis informática y organizativa que atravesaba la obra social desde la muerte de Gerónimo Venegas.
Montero estuvo al frente de OSPRERA en dos períodos de 2024. El primero se extendió entre el 12 y el 21 de agosto y el segundo comenzó el 26 de octubre. Tres días después de su regreso, reclamó la contratación de HTech para auditar los sistemas informáticos de la entidad.
La firma había sido creada en abril de ese año por Sergio Andrés Aguirre, su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti. Aguirre, médico, se desempeñaba como asesor de Montero y había sido socio de Martín Menem desde 2019 en TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios.
Según la investigación, HTech recibió $266.675.288,43 por el contrato con la obra social. El primer cheque fue presentado el 12 de noviembre de 2024, seis días después de la renuncia de Montero. El último pago registrado correspondió al 11 de julio de 2025 y alcanzó los $18.838.429,80.
El expediente también analizó movimientos bancarios posteriores a la contratación. Los investigadores detectaron que Aguirre registró un BMW en junio de 2025 y que Zanetti adquirió un Mercedes-Benz en abril de ese año. Además, observaron operaciones vinculadas con cuatro cuentas, una de ellas perteneciente a Mirabelli.
Ante Casanello, Montero sostuvo que la contratación estuvo relacionada con un supuesto “colapso informático y organizativo” de OSPRERA. También afirmó que el trámite atravesó las distintas áreas administrativas internas antes de concretarse.
La exinterventora explicó que conocía a Aguirre por la actividad académica desarrollada en la Fundación Barceló y reconoció que ambos habían participado de una reunión en la Casa Rosada el 5 de julio de 2024. Según su declaración, ese encuentro se produjo “por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
Montero vinculó aquella reunión con la conformación de un equipo de asesores para una futura intervención. En ese contexto mencionó al entonces gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, y al exsuperintendente Gabriel Oriolo.
La exfuncionaria rechazó que el encuentro pudiera interpretarse como el inicio de un acuerdo para favorecer a una compañía. Presentó su declaración por escrito y se negó a responder preguntas. La causa continúa con las indagatorias de los integrantes de Htech.
El actual interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, sostuvo ante el juez que encontró el contrato ya decidido cuando asumió el 28 de noviembre de 2024. Según su declaración, el acuerdo estaba “decidido, instrumentado, ejecutado y facturado” antes del comienzo de su gestión.
Petroni también señaló que una auditoría posterior que había encargado confirmó, según su declaración, la “transparencia y razonabilidad técnica” del contrato. El vínculo con HTech había sido suspendido en 2025 después de que se conocieran públicamente las presuntas irregularidades.
La investigación judicial quedó concentrada en las circunstancias de la contratación, las relaciones entre sus protagonistas y el destino de los fondos abonados. La existencia de una pesquisa no implica por sí misma que las personas involucradas hubieran sido declaradas responsables de un delito.
El expediente se inserta en una historia más extensa. La muerte de Gerónimo Venegas, ocurrida en junio de 2017, abrió una disputa por el poder dentro de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y afectó el esquema que durante años había articulado el sindicato con OSPRERA y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Venegas había construido una estructura de conducción centralizada sobre esas organizaciones y había convertido a la obra social en uno de los principales bastiones de su poder sindical. Tras su muerte, las diferencias entre sectores internos complicaron la administración y comenzaron a acumularse problemas financieros.
Los reclamos de hospitales, clínicas, sanatorios y profesionales de la salud por prestaciones impagas se multiplicaron. A esas dificultades se sumaron problemas administrativos que redujeron la capacidad operativa de la entidad y generaron incertidumbre sobre la continuidad y la calidad de la cobertura para sus afiliados.
La crisis dejó de ser exclusivamente sindical y pasó a tener una dimensión institucional. Las dificultades financieras, los conflictos internos y las denuncias sobre la administración de los recursos llevaron a la Superintendencia de Salud a disponer distintas intervenciones para auditar las cuentas y ordenar el funcionamiento.
Las investigaciones judiciales avanzaron en paralelo con ese proceso de deterioro. Distintos expedientes incorporaron denuncias vinculadas con el manejo de fondos, además de indagatorias, embargos y pesquisas sobre presuntas irregularidades administrativas.
La difusión de esas investigaciones profundizó el cuestionamiento sobre la conducción de OSPRERA. La obra social ya enfrentaba dificultades para cumplir con prestadores y sostener las prestaciones, mientras las denuncias sumaban una dimensión judicial a una crisis que también había sido política, financiera y sindical.
La intervención estatal buscó preservar la atención médica y revisar la administración de la entidad. Sin embargo, el proceso no permitió resolver de manera inmediata los problemas acumulados durante los años posteriores a la muerte de Venegas.
A casi una década de la desaparición del histórico dirigente, OSPRERA quedó atravesada por la necesidad de reconstruir una estructura institucional y financiera deteriorada y por el avance de causas judiciales destinadas a determinar si existieron responsabilidades individuales en distintas decisiones de gestión.
El expediente por HTech incorporó un nuevo capítulo a esa historia. La declaración de Montero y la respuesta de Petroni pusieron el foco sobre una contratación de más de $266 millones, mientras la Justicia continúa con las indagatorias de los empresarios involucrados. El desenlace deberá establecer qué responsabilidades correspondieron a cada protagonista.
