La destitución de la jueza del caso Maradona puso los reflectores sobre la comisión de jury. Los cinco pasos clave del proceso. Más de 100 causas en curso.
En el corazón del sistema institucional bonaerense late un organismo que concentra la atención de jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios de la Justicia: la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, que determina el paso a paso de un juicio político en provincia de Buenos Aires.
Con más de 100 expedientes en trámite, esta oficina se ha convertido en el barómetro de la crisis de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial provincial. Dato a tener en cuenta: no todas las denuncias llegan a juicio y menos aún terminan en una destitución.
La Secretaría Permanente, organismo ligado al Poder Legislativo, actúa como filtro inicial de todas las denuncias contra magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires. Su creación responde a la ley 13.661, que establece el procedimiento para el juicio político de jueces, fiscales y defensores.
El exjuez de Avellaneda Luis Carzoglio en el jury de enjuiciamiento que lo apartó de la Justicia.
El proceso sigue una ruta crítica que tiene cinco pasos fundamentales:
Martín Ordoqui, exjuez de Casación bonaerense, afuera de la Justicia provincial y tras las rejas.
El artículo 21 de la ley 13.661 enumera las conductas que pueden derivar en juicio político (jury): incompetencia o negligencia demostrada; incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; hechos incompatibles con la dignidad judicial; comisión de graves irregularidades procesales; condena penal firme; notoria falta de idoneidad moral.
El tiempo de resolución de cada caso varía según su complejidad: mientras las denuncias manifiestamente infundadas pueden archivarse en 30-60 días, los casos complejos -como el de Julieta Makintach- pueden llevar entre 6 meses y un año hasta llegar al Jurado de Enjuiciamiento.
La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento se encuentra así en una posición delicada: por un lado, debe garantizar el control ético sobre quienes administran justicia; por otro, evita convertirse en instrumento de persecución política o de venganzas personales.
Con más de 100 causas en trámite y nuevas denuncias llegando semanalmente, la Secretaría que custodia a los custodios de la justicia bonaerense se ha convertido, quizás sin buscarlo, en el verdadero termómetro de la salud institucional de la provincia.