La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) señala en el informe Nunca Más que durante la última dictadura militar el Poder Judicial estuvo integrado por personas que cumplieron su función con “dignidad y decoro” y también otras que exhibieron “una conducta cómplice” con los secuestros y las desapariciones. En este grupo se encuentran el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz; ahora sentados en el banquillo de los acusados.
Duarte y Ortiz comenzaron a ser juzgados por mal desempeño por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Son los primeros funcionarios judiciales provinciales en hacerlo. Afrontan cargos por su participación en secuestros, torturas y desapariciones perpetradas durante los años del terrorismo de Estado. Hay pocos antecedentes a nivel nacional sobre juzgamiento de estos crímenes. De un total de 119 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, solo ocho fueron funcionarios judiciales.
El exjuez y el exfiscal comenzaron a ser investigados en 2012. Fueron procesados y están acusados de no investigar denuncias presentadas por familiares de al menos 23 personas víctimas de la represión genocida entre 1976 y 1983. La Fiscalía neuquina, a cargo de Miguel Ángel Palazzani, también los responsabiliza de clausurar hábeas corpus solicitados por familiares, participación secundaria, omisión de promover la persecución penal y de prevaricato.
Duarte fue designado juez federal de Neuquén en reemplazo de Carlos Ramón Arias, quien estuvo hasta el 16 de marzo de ese año, cuando fue asesinado por una bomba que estalló en la puerta de su casa; crimen que días después se adjudicó la Triple A. Entre marzo y junio del 76, a Arias lo sucedió en el cargo María Beatriz Cozzi, defensora titular; pero en julio, por decreto, la dictadura la cesanteó.
Del cuartel al despacho de juez
Duarte llegó a juez sin ser secretario ni ayudante ni “pinche” judicial. Llegó, vía decreto, directo desde el Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, base de la Subzona 52 y núcleo de la represión ilegal que la dictadura cívico militar desplegó hacia el sur de la región pampeana y la mayoría de la Patagonia. Allí, Duarte era abogado auditor. Ingresó al Ejército como parte del Cuerpo Profesional de esa fuerza en 1961 y desde enero de 1967 se desempeñó en la Brigada VI.
Para cuando lo designaron juez federal de Neuquén, Duarte era mayor retirado. Ni su retiro ni su llegada al Poder Judicial implicaron una interrupción de sus vínculos con los mandos militares de la región. Más bien, todo lo contrario. El Ministerio Público Fiscal considera que su llegada a la magistratura tuvo que ver con “asignarle cobertura judicial” a la persecución política y al accionar criminal que las fuerzas armadas y de seguridad desplegaron desde el 24 de marzo de 1976 en tierras neuquinas.
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Ortiz fue secretario del Juzgado Federal de Neuquén y también llegó a la Fiscalía Federal a través de sus vínculos con los mandos militares regionales. Cozzi, quien reemplazó en forma interina al juez Arias tras su asesinato, señaló a Ortiz como quien la marcó como “subversiva” ante el Comando de Brigada IV de Infantería de Montaña.
Línea directa con el Comando
En su requerimiento fiscal, Palazzani afirma que hay elementos en la causa –legajo, denuncias y testimonios- que acreditan que Duarte y Ortiz fueron puestos “a dedo” por los militares. Hay quienes afirman que solían ver a los entonces juez y fiscal en las instalaciones del Comando de Brigada. Eran tiempos en los que los funcionarios judiciales recibían denuncias de parte de madres y padres que buscaban saber la suerte corrida por sus hijas e hijos desaparecidos.
Es el caso de Oscar Ragni, secuestrado el 23 de diciembre de 1976 en Neuquén. Su papá denunció la ausencia de su hijo cuatro días después ante la comisaría local. La causa quedó en manos de Duarte y de Ortiz, quienes la clausuraron en marzo siguiente sin más elementos que un documento del Ministerio del Interior, en manos de Albano Harguindeguy, que negaba haber “restringido la libertad” de Ragni. Su padre insistió con un hábeas corpus, que Duarte -por consejo de Ortiz- respondió por la negativa y con pago de costas por parte de la familia de la víctima. El modus operandi se repite en la mayoría de los casos ahora en juicio.
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En la causa también figuran testimonios sobre el “vínculo estrecho” entre Duarte y José Luis Sexton, la autoridad máxima del Comando de Brigada VI de Montaña. El tribunal neuquino también incluyó en la causa la denuncia que Cozzi realizó en 1985 contra los ministros nacionales de Justicia y del Interior de la dictadura, el jefe del Comando y el juez Duarte, acusándolos de haberla desplazado del juzgado federal en 1976.
La denunciante señaló que tanto Duarte como Ortiz “fueron propuestos por Sexton” para ocupar los cargos que detentaron en ese período. A fines de los 80, Sexton estuvo detenido por su participación en los crímenes de la dictadura; pero fue beneficiado por las leyes de impunidad y quedó en libertad. Falleció impune en 2002.
